La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene lista una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que propone terminar con el carácter definitivo de los fallos que emite el lnstituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al permitir que dependencias de gobierno impugnen ante jueces de distrito.

Así, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la constitucionalidad de la decisión que tomó el Congreso de Campeche al crear un tribunal para revisar los fallos del órgano estatal de acceso a la información, la Segob quiere que las dependencias federales puedan controvertir la legalidad de las resoluciones del IFAI, ante jueces de distrito en materia administrativa, según lo propone para el segundo párrafo del artículo 59 de la ley de transparencia, en la iniciativa de reforma que Excélsior tienen en su poder.

De concretarse esta propuesta oficial, que podría entrar en vigor por un solo decreto presidencial, las oficinas de gobierno podrían recurrir a tribunales si consideran que una solicitud de información afecta intereses nacionales de seguridad, defensa, relaciones internacionales, financieros, económicos o monetarios, y si está en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

Todavía en la cocina, la iniciativa de reforma de la Segob alerta ya a los especialistas, pues contraviene la propia Constitución, que en su artículo sexto garantiza el derecho a la información y la autonomía operativa y de decisión de sus órganos garantes, afirma Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La reforma propuesta por la Segob significaría un drástico golpe de timón en las facultades del IFAI. Hasta ahora, el artículo 59 de la ley de transparencia vigente garantiza que sus resoluciones son definitivas para las dependencias y entidades gubernamentales, y sólo concede a particulares el derecho a impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación, mediante amparo.

Marco Cancino, director del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), afirma que si la SCJN respalda al Congreso de Campeche en su decisión de crear un tribunal para revisar los fallos sobre acceso a la información, automáticamente abrirá la puerta para que el Ejecutivo federal promueva con éxito los cambios a la ley