Publicidad estatal: opacidad y excesos por Justine Dupuy

Desde julio hasta noviembre de 2011, los equipos de Artículo 19 y Fundar hicimos un ejercicio inédito de acceso a la información que nos permite por primera vez presentar un índice de acceso al gasto en publicidad oficial en los estados y conocer cuántos recursos han sido ejercidos para que los gobiernos se anuncien en los medios. El índice es el resultado del análisis de las respuestas de cada una de las 32 entidades federativas a la misma solicitud de acceso a la información, y tiene como objetivo evaluar la transparencia y el acceso a la información sobre el gasto en comunicación social y publicidad oficial. La primera conclusión de este ejercicio es la existencia de una gran opacidad en el gasto en publicidad oficial en los estados.

Once estados no entregaron información; es decir, un tercio de los estados incumplieron la obligación constitucional, plasmada en el artículo 134, de administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Otros 11 estados contestaron de manera incompleta a la solicitud. Sólo 10 estados entregaron información desglosada del gasto en comunicación con una especial mención para Colima y Sonora que, en una escala diseñada por Fundar y Artículo 19, equivalió a obtener 5 estrellas, la mejor calificación.

¿Por qué importa tener acceso a estos recursos? La publicidad oficial es un instrumento útil que fortalece los derechos, el debate y la pluralidad informativa cuando su uso se enmarca en prácticas democráticas. Este canal de comunicación permite que los gobiernos eduquen e informen a la ciudadanía sobre sus deberes y derechos, el quehacer político y las decisiones que afectan su vida.

Sin embargo, en México existe un marco regulatorio incompleto e inoperante que permite que la publicidad oficial sea utilizada con otros fines. El contenido propagandístico y una repartición discrecional y discriminatoria de la publicidad oficial socavan la libertad de expresión y el derecho a recibir información de los mexicanos. Se utiliza la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación en función de su línea editorial, lo que se llama censura sutil o indirecta. En estas condiciones, se hace urgente la importancia de un mecanismo eficaz que llame a rendir cuentas a los funcionarios sobre el ejercicio de dichos gastos. Para lograr ese objetivo, el primer eslabón de un mecanismo de rendición de cuentas funcional sería acceder a estos gastos, ya que permitiría dar un seguimiento puntual a los recursos y así acotar las prácticas discriminatorias y discrecionales.

Desde la reforma de 2007, el derecho a la información es un derecho constitucional que debería aplicarse de manera idéntica para todos los ciudadanos. Solicitar a las 32 entidades federativas la misma pregunta fue un verdadero vía crucis.

Dos terceras partes de las entidades no entregaron información o entregaron información incompleta. Sería difícil evocar todos los motivos de estas entregas imparciales. Sin embargo, se puede distinguir dos grandes tipos de explicaciones: obstáculos técnicos y de procedimiento relacionados con la eficiencia del sistema de acceso a la información y obstáculos que revelan visiones e interpretaciones de las leyes que van en contra del derecho a la información.

En los casos de las dificultades relacionadas con los procedimientos, los obstáculos han sido muy variados. Mientras que algunas entidades no contestan en los tiempos legales (como Hidalgo que contestó más de cuatro meses después de la realización de la solicitud), en otras no existen dependencias competentes para responder la solicitud como en el caso de Guerrero. Otros más remitieron a ligas de Internet que no funcionan (San Luis Potosí) o a la Cuenta Pública, donde no se encuentra la información (Puebla, Nuevo León y Coahuila). Las dependencias que no entendieron la solicitud fueron Querétaro y Tabasco. Hubo entidades que alegaron que la información no está procesada o archivada de manera adecuada, como el Distrito Federal, donde nos invitaron a consultar los archivos en las oficinas, ya que no existía otra forma para conocer los montos. En Baja California Sur nos propusieron hacer 18 mil copias de los cheques.

Estos ejemplos subrayan los límites y carencias del sistema de acceso a la información y, de igual forma, plantean los problemas relacionados a la manera de sistematizar la información y archivar los documentos. En el caso de la declaración de inexistencia de la información (Tabasco y Oaxaca) nos enfrentamos a una burocracia que todavía tiene una visión patrimonialista de la información. Cuando los gobiernos en turno dejan el poder se llevan la información, como en el caso del gasto en publicidad oficial bajo Ulises Ruiz en Oaxaca. Hay también pérdidas por desastres naturales, como en el caso de Tabasco, que sólo pudo rescatar de las inundaciones la información para el año 2009 y en un formato muy poco amigable.

Aunado a los problemas de procedimiento, nos hemos enfrentado a la negación del acceso a esta información por parte de los gobiernos. Aquí sólo existe una manera: la reserva que revela interpretaciones limitadas del derecho a la información. Por ejemplo, tanto en Chiapas como en Oaxaca reservaron la entrega de la información a causa de estar bajo procesos de auditorías. En ambos casos se interpusieron recursos de revisión. En Chiapas se confirmó la reserva, mientras que en Oaxaca la coordinación de comunicación estuvo obligada a entregar una versión pública para los montos en 2010. Sin embargo, para los años anteriores se declaró la inexistencia de la información. En Chihuahua reservaron el desglose de la información ya que contraviene la protección de datos personales. En Veracruz declararon la inexistencia aunque la información está reservada para 12 años.

La lista de las trabas es extensa y el sentimiento que dejan a los investigadores que emprenden conocer el gasto en comunicación en los estados es muy amargo. Pero pudimos llegar a conclusiones contundentes con la información colectada: en 2010, los estados gastaron más del doble en comunicación social y publicidad oficial que en 2005. En efecto, en cinco años el total del gasto en publicidad oficial de 18 entidades federativas estudiadas se duplicó: pasó de mil 906 millones de pesos a 2 mil 518.4 millones de pesos. Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Zacatecas aumentaron por lo menos al doble su gasto en este rubro. Aguascalientes, Durango y Quintana Roo se quedaron cerca de duplicarlo.

El aumento de este gasto sin regulación ni topes recuerda cómo el acceso a la información es un instrumento imprescindible que posibilita un ejercicio incipiente de rendición de cuentas. Sin embargo, este acceso es limitado y permite que recursos millonarios se ejerzan cada año con opacidad y menoscaben la pluralidad informativa en el país. Urge que se transparente el gasto en publicidad oficial en los estados y que se regule el ejercicio de esta bolsa de recursos multimillonarios que alimenta una relación viciada entre poderes y medios de comunicación.

Y esto no es una quimera imposible. Afortunadamente existen muy buenas prácticas. En Jalisco, la información detallada y con gráficas sobre el gasto en comunicación social está accesible en internet. En Sonora nos entregaron información desglosada por años, tipo de medios, proveedores y, en algunos casos, por concepto. En Colima existía el mismo nivel de detalle salvo por los conceptos, pero sí nos proporcionaron listas de difusión de los spots. Estas buenas prácticas, sin embargo, son muy escasas y necesitarían ser alentadas para fomentar una verdadera cultura de la transparencia.

La autora es investigadora del área de Transparencia y rendición de cuentas de Fundar.

Consulta el estudio completo: www.publicidadoficial.com