El desperdicio de la comunicación social por Mario Luis Fuentes

En una democracia, las estrategias de difusión que utiliza la autoridad son clave para que todos los actores económicos, políticos y sociales puedan tomar decisiones. Desde esta perspectiva, la oportunidad y la calidad de la información que se genera desde las instituciones públicas es un factor determinante en la generación de capacidades y condiciones para el desarrollo.

En México, sin embargo, hay una enorme confusión entre lo que es la propaganda y la publicidad gubernamental. La primera tiene como finalidad posicionar una visión y unas tesis de gobierno, con la idea de convencer a los ciudadanos de que se trata de la mejor visión posible y más aún, busca generar adeptos y legitimar al poder, independientemente de los resultados reales.

El filósofo Habermas, por el contrario, entiende a la publicidad como aquellas acciones que desarrollan las instituciones para darle carácter público a los mensajes, es decir, para convertirlos en elementos para una discusión política basada en la prudencia, sobre las tesis desde las que un gobierno toma las decisiones.

Asumiendo esta perspectiva, lo que se hace en nuestro país en esta materia revela una absurda lógica de desperdicio de recursos. Peor aún, estamos atrapados en una perniciosa dinámica en la que son los grandes consorcios de comunicación los que, ante la mediocridad de la política, han logrado ser los grandes beneficiarios de esta perversa forma de entender la agenda de comunicación.

En efecto, el problema aquí se encuentra en el gran fetiche de Occidente: el dinero. Esto es así, porque si se considera la cifra recientemente dada a conocer de más de seis mil 400 millones de pesos de gasto en Comunicación Social de la Presidencia de la República, la gran duda que surge es cómo y con qué criterios se ejerció tal magnitud de recursos.

Es cierto que los medios de comunicación son empresas que buscan obtener legítimamente ganancias; empero, hay mucho de inmoral cuando en un país con casi 12 millones de personas en situación de hambre, el gobierno decide gastar sumas estratosféricas en la emisión de mensajes alusivos a los “avances de la administración”.

Peor aún, se percibe el escenario, si se piensa en los más de dos mil 500 millones de pesos que Fundar identifica como gasto en presupuestos para comunicación social de los gobiernos estatales y municipales, programados y ejercidos sólo en 2010.

Frente a lo anterior, hace falta un serio ejercicio de evaluación del impacto y utilidad de este gasto pues, a juzgar por diversas encuestas, hay una enorme decepción en torno a la democracia; más de 80% desconfía de las instituciones más importantes y, peor aún, más de 50% de los mexicanos cree que su futuro se encuentra seriamente comprometido.

Desde mi punto de vista, se han desperdiciado las actuales capacidades de comunicación para hacer llegar a la población mensajes para la promoción de conductas deseables: buena salud, buena alimentación, prevención de la violencia, erradicación de la discriminación, prevención de adicciones, capacidades para acceder a recursos públicos, y un largo etcétera que se ha dejado de lado, a cambio de una lógica perversa de “pan y palo” con los medios, lo cual, en síntesis, permite decir que la comunicación social en todo el país es hoy uno de los grandes desperdicios públicos, y que más daño le hacen a nuestra frágil democracia.