Horizonte económico/Partidos políticos y recursos públicos por Luis G. Álvarez Tostado

Este año es inminentemente político, toda vez que se van a desarrollar las siguientes elecciones: la presidencial, van a cambiar los 500 diputados federales, 128 senadores, siete gobernadores, 347 diputados locales de mayoría y 232 de representación proporcional, 16 delegados en el DF y 884 presidentes de ayuntamientos, es decir, dos mil 115 cargos públicos. Con base en lo anterior me surgieron algunas dudas: ¿De dónde salen los recursos para financiar a los partidos políticos? y ¿cuáles son los controles que se tienen para el ejercicio del gasto?Para poder contestar estas preguntas, hay que revisar la normatividad que les aplica a los partidos políticos en diversos niveles. Para iniciar hay que considerar lo planteado en la Constitución Política del país en su artículo 41, donde se define a los partidos políticos y su financiamiento. Los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso al poder a los ciudadanos; sólo las autoridades electorales pueden intervenir en asuntos internos de los partidos, es decir, sólo el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife) son las únicas que podrán intervenir en las decisiones de los partidos políticos. En el inciso II a) se plantea la definición de financiamiento y dónde deberá garantizarse que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, de aquí viene que el Gobierno tiene la obligación casi absoluta de financiar a los partidos políticos, en otras palabras, es más fácil para los partidos políticos estirar la mano con el papá Gobierno, que trabajar en la recaudación de recursos privados; aunque sí se puede, actualmente es muy peligroso porque fácilmente se pueden infiltrar recursos ilícitos a los partidos políticos.Las prerrogativas que muchos homologan al dinero que da el Gobierno están definidas en cuatro niveles, son prerrogativas: tener acceso a radio y televisión; gozar de régimen fiscal de excepción; disfrutar de las franquicias postales y telegráficas, y el financiamiento público correspondiente a sus actividades. Las prerrogativas monetarias tienen tres objetivos, sostener actividades ordinarias, promover el voto y las de carácter especifico.Las prerrogativas se estiman de la siguiente manera: deberán ser anuales y se estima el importe por las actividades ordinarias, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (84.3 millones de ciudadanos) por 75 por ciento del salario mínimo diario vigente (62.33 * .75= 46.7), por lo que el importe a distribuir en este primer rubro son 3.3 mil millones de pesos (MMP), de los cuales 30 por ciento se distribuye de forma igualitaria y 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de diputados federales, es decir, los votos de las elecciones de cada tres años definen los montos de recursos que cada partido recibirá en los próximos años.Para el segundo concepto, que es promover el voto, se define por 50 por ciento del importe de las actividades ordinarias, es decir, algo así como 1.65 MMP, y el último monto que es para actividades específicas, como capacitación, investigación, edición de publicaciones, etc., y que es del orden de 3 por ciento del importe de las actividades ordinarias, es de aproximadamente un millón de pesos, es decir, el monto total de prerrogativas de recursos fiscales al año ronda los cinco MMP. El problema no es el importe, sino cómo se gasta y cómo se rinden cuentas de esos egresos.Por lo anterior, en cuanto a la rendición de cuentas de estos recursos en el mismo artículo 41, inciso VI, antepenúltimo párrafo, se señala que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales estarán a cargo del órgano técnico del Consejo General del IFE, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero presidente. La unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos tiene nivel de dirección ejecutiva y es el único órgano que tiene las facultades de revisar los informes financieros de los partidos políticos. Aquí resalta la preferencia que tienen este tipo de entidades de interés público. Mientras las dependencias y entidades son fiscalizadas por lo menos por cuatro entes fiscalizadores diferentes, como la Auditoria Superior de la Federación, Función Pública, los auditores externos y los órganos internos de control que se asemejan a la unidad de fiscalización, en los partidos políticos que se financian de acuerdo a la norma fundamentalmente de recursos públicos sólo es una dirección dentro del IFE quien los supervisa y controla el gasto. Esto hace poco transparente y quizá parcial, la evaluación de los egresos de los partidos. Por otro lado, mientras en los tres niveles de gobierno se está diseñando un esquema de armonización contable presupuestal, al interior de los partidos políticos no se tocan este tipo de temas para transparentar y poder comprobar los gastos.En general, los partidos políticos al influir en la designación de los consejeros del IFE, al tener un esquema muy flexible de rendición de cuentas, al poder gastar sin dar cuentas claras a la sociedad, que somos los que pagamos dichos gastos, se vuelven entes superiores; algunos hablan de poder supremo o fáctico. Los partidos políticos se transforman en entes patrimonialistas en el sentido de que los políticos se creen dueños de los recursos, de las siglas, imponen a parientes, compadres y amigos en la dirección y en las candidaturas, pareciera que los partidos son propiedad familiar, concesiones para explotarse.Ojalá que se refuerce la transparencia y la rendición de cuentas en los partidos, que se les pueda aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entren en la armonización contable presupuestal que ha implementado el Gobierno federal, pues los recursos que gastan provienen de los impuestos de los ciudadanos, y se pueda contar gradualmente con mejor información de qué y cómo gastan los recursos de la sociedad; esto nos dará un elemento adicional para poder definir por quién votar, pues quien cuida la casa (el partido), tiene más probabilidad de cuidar al país.