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El tema de acceso a la información de nuevo toma gran relevancia en el escenario nacional, ya que mientras da avances al limitar la posibilidad de que autoridades puedan impugnar las decisiones de los órganos de transparencia, en Puebla se establecen obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, como el incremento en el costo de las copias certificadas (80 pesos) y la exigencia de que solicitantes se identifiquen con la CURP. En el caso de Puebla es claro el interés gubernamental de establecer límites al ejercicio del derecho de acceso a la información, por lo que las autoridades están incumpliendo con sus obligaciones. Otro caso es el de Jalisco, donde fue modificada la ley de Información Pública; no obstante el llamamiento respecto a los vicios en la nueva normatividad de transparencia, se aprobó una ley que favorece una política de ocultamiento impidiendo que se realicen actividades como las hechas por los llamados “informantes”. Asimismo, la reforma al Código Penal de Jalisco que en su artículo 298 fracción II y III establece la prohibición de difundir y entregar información clasificada como reservada, al no contemplar excluyentes de responsabilidad penal que permitan a un funcionario público dar a conocer información reservada que sea de interés común. Ambas modificaciones son una evidencia más de la fuerte contracultura de la transparencia que existe en nuestro país. Los intentos de las autoridades por desechar este derecho no cesan.
