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En los últimos cuatro años los gobiernos estatales recibieron por el sobreprecio a las gasolinas cerca de 70 mil millones de pesos, prácticamente el mismo monto que la cantidad recaudada a través de la tenencia.El domingo leí una colaboración periodística de Juan Pardinas, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde critica la decisión de los gobiernos estatales de cancelar el impuesto a la tenencia. Destaca que en el caso del Distrito Federal, a pesar de que se mantiene para vehículos “de lujo”, este gesto de “magnanimidad fiscal” le costará a la ciudad cerca de 5 mil millones de pesos, un boquete difícil de cubrir sin costo para sus habitantes.Pardinas propone entonces reemplazar los ingresos que generaba la tenencia (un impuesto sobre la propiedad del automóvil) por un gravamen sobre su uso, cobrando un sobreprecio a las gasolinas. Así, si se venden en el Distrito Federal cerca de 56 millones de litros de gasolina al día, cobrando un peso por litro se multiplicaría por cuatro (20 mil millones de pesos) la recaudación por la tenencia.Lo que Juan Pardinas no considera es que desde el 2008 los consumidores ya pagamos un sobreprecio por los combustibles que se transfiere a los gobiernos locales. No es un peso, pero sí 36 centavos por cada litro en el caso de la Magna, 42 centavos en la Premium y 25 centavos en el caso del diesel.Por este concepto (llamado en su tiempo el gasolinazo) los Estados del país recibieron en los últimos cuatro años 69 mil 790 millones de pesos, un monto muy cercano a los 70 mil 273 millones que ingresaron por concepto de tenencia. Esto, sin que este impuesto se hubiera derogado.Recordemos que al mismo tiempo que a finales del 2007 se tomó la decisión de eliminar la tenencia, se acordó que en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se establecería que, para fortalecer sus ingresos, las entidades federativas recibirían una cuota por el impuesto a la venta final de gasolinas y diesel, hasta que se hiciera una reforma constitucional que les permitiera establecer este tipo de gravamen a nivel estatal.Por supuesto esta reforma sigue pendiente por lo cual en noviembre pasado los legisladores extendieron hasta el último día del 2014, que los estados y el Distrito Federal siguieran recibiendo este beneficio, que podría alcanzar los 35 mil millones de pesos cada año.
