El festín y la precariedad por Edna Jaime

En los últimos 15 años, estados y municipios en el país han recibido sumas inimaginadas de dinero. A la bolsa de recursos que les llega vía participaciones bajo el sistema de coordinación fiscal, se le han sumado otras partidas de recursos que no son nada despreciables: el ramo 33, con dinero para educación, salud e infraestructura básica, fondos de los llamados excedentes petroleros y, recientemente, deuda contratada con la banca privada. A pesar de una derrama de recursos sin precedentes, un gran número de entidades del país carece de lo básico. Quizá no haya un ámbito que lo retrate de manera más fidedigna que el de seguridad. Cuando la crisis estalló en algunas regiones, las fuerzas del orden en esos lugares eran débiles, mal pagadas, con un muy bajo perfil de capacitación, vaya todo estaba dispuesto para que fueran cooptados por el crimen. En medio de la fiesta en la que gobiernos estatales celebraban más recursos y más autonomía para ejercerlos, las capacidades más elementales de sus entidades siguieron en deterioro. Por eso, cuando grupos criminales se apropiaron de territorios, no hubo quien pudiera contener su propensión expansiva. Luego del festín, variados gobiernos estatales tuvieron que pedir socorro y en esa dinámica del no puedo y no soy responsable, la crisis de inseguridad se expande y los ciudadanos, todos, padecemos.

La propia crisis de seguridad ha procurado más recursos para estados y municipios. Existen fondos y subsidios deliberadamente creados para fortalecer las capacidades de las que se carecen en esta materia. Los resultados de esas inversiones, sin embargo, se dejan sentir muy lentamente. Llama la atención, por ejemplo, que en estados azotados por la violencia y los delitos violentos, apenas se percibe crecimiento en sus estados de fuerza. Podemos discutir si el mero incremento de policías es solución de algo, pero es un hecho que se requiere de un piso mínimo de policías para que éstas tengan algún efecto disuasivo o de contención.

La ONU ha establecido un parámetro y lo sitúa en 2.8 policías por cada mil habitantes. La media internacional es de 3.4. Ninguno de nuestros estados en crisis alcanza esos parámetros: para 2010, Chihuahua tenía 2.5 y era el que más se acercaba; Durango, un 2.3; Nuevo León, 2.2; Michoacán, 2.3; Tamaulipas, un 2.2. Coahuila, el estado más endeudado del país, tiene apenas 1.6. Los 35 mil millones de pesos de su abultada deuda, seguro no se destinaron a fortalecer su aparato de seguridad.

En días recientes, el Sistema Nacional de Seguridad Pública hizo pública información sobre los sueldos de estos policías. La varianza entre estados es abrumadora. Aguascalientes es el estado más generoso con sus fuerzas del orden: paga un poco más de 18 mil pesos a sus elementos de seguridad. El sueldo de la policía estatal de Tamaulipas es de tres mil 600 y la media nacional, de poco más de nueve mil. De nueva cuenta, los estados más emproblemados se encuentran por debajo de la media.

A la luz de estos datos, nos son evidentes dos cosas: el sentido de preocupación y urgencia que albergamos los ciudadanos ante la violencia no es compartido por nuestras autoridades, sobre todo las estatales que viven de prestado y no se aprecian motivadas para emprender las acciones necesarias que reviertan su debilidad frente al crimen. Pero también que la derrama de recursos por sí misma no va a generar mejor desempeño, ni en el tema de la seguridad ni en ningún otro. Dinero que se gasta sin un marco bien establecido de objetivos, metas y evaluación, difícilmente rendirá los frutos deseados. Dinero que se gasta sin la debida vigilancia, escrutinio y auditoría, seguramente acabará en las manos incorrectas.

La inseguridad requiere respuestas inmediatas. No podemos esperar a construir las instituciones que nos hacen falta para gastar mejor y responder con mayor contundencia al problema. Pero la lección de esta crisis es demoledora. Por el camino que vamos no llegaremos a ningún lado. La crisis de seguridad es al mismo tiempo una crisis de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema fiscal. Sería muy importante que lo empecemos a asumir de esta manera. Y hagamos consciencia de los costos de seguir igual.

Puedo entender la frustración del gobierno federal cada vez que se le señala como responsable de todo: además de cargar con culpas, tiene que entrar al quite en aquellas entidades que con manos llenas de recursos nunca atendieron sus problemas de seguridad y justicia. Pero como dice el dicho: en el pecado lleva la penitencia. El ejercicio de un liderazgo visionario hubiera llevado al Ejecutivo federal a concluir que en este país, las grandes batallas (la de la inseguridad, desigualdad, crecimiento, etc.) no se van a ganar si no se reforma lo esencial