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En el contexto de la reciente visita de Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México y ese organismo internacional firmaron un Acuerdo Estratégico de Cooperación. No obstante, para entender sus alcances es fundamental analizar aspectos delicados de esa colaboración entre nuestro país y las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, los mecanismos de rendición de cuentas relacionados con los recursos que el Estado mexicano aporta.
El PNUD tiene dentro de su mandato la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. México tiene uno de los marcos jurídicos más avanzados en esta materia. Esto por sí solo debería abonar a una efectiva fiscalización de los recursos públicos destinados a la relación entre México y el PNUD, lo cual derivará en un mayor impacto y transparencia en el uso de los recursos.
Actualmente, según datos del Informe de Medición de Pobreza 2010, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el país viven 52 millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de pobreza. Lo realizado por el Gobierno Federal ante esta situación, según se puede verificar en el Quinto Informe de Gobierno bajo el eje estratégico Igualdad de Oportunidades, resulta claramente insuficiente.
Frente a este contexto de desigualdad y pobreza, México ha creado sinergias con organismos internacionales como el PNUD, que en su Informe de Actividades en México señala tener presencia en el país desde hace más de 50 años trabajando en reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad democrática y apoyar al desarrollo sustentable del país. Sería deseable una visión crítica sobre los resultados que expone el PNUD en México, pero poco análisis independiente se hace al respecto.
Según información publicada por el propio PNUD, los fondos para sus tareas en México provienen de diversas fuentes multilaterales y gubernamentales. Algunos proyectos son financiados con recursos propios así como del Sistema de Naciones Unidas, y otros son con fondos gubernamentales nacionales, es decir, recursos públicos.
Nuestro interés es justamente revisar el grado de transparencia con el que se maneja el dinero público una vez que es depositado en las cuentas bancarias del PNUD.
El punto central es que una vez dentro de la administración del PNUD, los fondos públicos deja de tener el escrutinio previsto por la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. El PNUD no es sujeto obligado, por lo que debemos atenernos a lo que la misma agencia de Naciones Unidas esté dispuesta a develar. No hablamos de poco dinero. Veamos:
Según información oficial, en el período comprendido de 2001 a 2007 el PNUD México contó con 176.7 millones de dólares, de los cuales 53.3 millones (30%) provinieron de fondos nacionales fiscales canalizados por el gobierno mexicano y 73 millones (41%) de otros fondos nacionales, es decir por cofinanciamiento de proyectos y contribuciones de organizaciones no gubernamentales y del sector privado del país.
Dichos recursos se destinaron durante el mismo período a los siguientes rubros: Medio ambiente (67% del monto total movilizado), Gobernabilidad (18%), Integración productiva (13%) e Informe sobre Desarrollo Humano México (2%).
