Buenas intenciones por Juan Ciudadano

Antes de esto, si bien nunca lo dijo explícitamente, a partir de su actuación era posible interpretar que, siendo el combate al crimen organizado su prioridad, los márgenes de maniobra que se requieran para ello serían justificables.

En la Inauguración de la Octava Semana Nacional de Transparencia Calderón dejó en claro que, ni siquiera en una coyuntura de violencia como la que vivimos, la transparencia debe ser tomada como amenaza para la gobernabilidad del País. Todo lo contrario, sólo en un ambiente de apertura es posible el ejercicio democrático del poder.

¿Qué más se puede pedir después de un pronunciamiento como éste?

El Presidente no se quedó ahí, además de decirle al Ejército y a las fuerzas de seguridad en general que no es válido pedir amplios márgenes de opacidad para lograr sus objetivos, también le ordenó a los empleados federales acatar las resoluciones del IFAI.

El cambio de discurso -aunque sea al cuarto para las doce- es una buena señal.

Pero la instrucción a sus subordinados a obedecer a las autoridades de transparencia, aunque alentadora, es insuficiente. La orden no basta para cerrar la pinza.

Calderón sobreestima la fuerza de sus regaños para modificar el comportamiento de la burocracia. Necesitamos sanciones concretas para quienes incumplan con su obligación de garantizar el acceso de la gente a la información pública.

Castigos es la palabra clave.

¿Cuál ha sido el castigo para la infinidad de burócratas federales que incumplen con las obligaciones de transparencia?

Ninguno. La Secretaría de la Función Pública no castiga a nadie por violar la normatividad de transparencia, ni tampoco por revelarse frente a las resoluciones del IFAI. Todo lo contrario, si por algo se distingue la Función Pública es por apapachar a burócratas opacos.

¿Quién recuerda una nota periodística de algún funcionario público siendo castigado por negar información?

En su discurso, Calderón se pronunció porque cada vez haya menos resquicios para la opacidad, en todos los niveles de Gobierno y también en los poderes Legislativo y Judicial.

Buena idea, pero cuando habla de esquicios pareciera quedarse al nivel de las leyes. Nuestro problema está en el terreno de las prácticas, en el terreno de un Gobierno, el suyo, para el que la apertura informativa en la práctica está fuera de radar entre las prioridades de México.

¿Cuál ha sido el castigo, por ejemplo, para Salvador Vega Casillas que entre la comunidad de interesados en la transparencia en México e incluso desde el IFAI es reconocido por su apatía y desinterés en ponerle dientes a la transparencia?

En referencia al caso de Coahuila, sin decirlo directamente, Calderón comentó que sería impensable ahora bajo las reglas de transparencia, y qué bueno que así sea, que el Gobierno contrajera una deuda y reportara otra. O que simulara, precisamente, un trámite para contraer una deuda. Yo creo que eso en el Gobierno federal ya es, simple y sencillamente, imposible.

Tiene razón Calderón, el ocultamiento de Moreira en Coahuila no tiene punto de referencia y su permanencia al frente el PRI es la muestra más clara de la impunidad que vivimos en México.

Pero la afirmación presidencial tendría todavía más fuerza si el manejo de la Secretaría de Hacienda y de los fideicomisos que dependen de ésta fueran el fiel reflejo de su compromiso con la agenda de la transparencia.

Una forma de hacer efectiva la orden del Jefe del Ejecutivo a favor de la apertura es la siguiente: de aquí en adelante la primera vez que un funcionario incumpla con su obligación de entregar información se le aplica la sanción administrativa que corresponda. La segunda vez que suceda es separado del cargo por orden del Presidente.

Esto, suponiendo que el compromiso es genuino.