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Consultas, ponencias y editorial de trabajo
Uno de los consensos en la teoría política es que la democracia es una forma de gobierno que hace de la rendición de cuentas de los servidores públicos uno de sus rasgos distintivos. Los planos en los que la misma se articula en las democracias son múltiples y van desde el juicio político, que sobre la actuación de los gobiernos y su desempeño realizan los ciudadanos en cada cita electoral —una de las modalidades en las que la responsabilidad pública de quien toma decisiones colectivas es evaluada—, hasta la específica responsabilidad de tipo penal, administrativa y política a la que los funcionarios públicos están sujetos (dependiendo de sus funciones y jerarquía). Por supuesto no pretendo desconocer los avances (insuficientes, por cierto) que como consecuencia del proceso de democratización se han incorporado (como la constitución y gradual fortalecimiento de la ASF o el surgimiento del IFAI y la constitucionalización del derecho a la información) y que inevitablemente redundan en una mejor rendición de cuentas. Pero el trecho por andar en esta materia es, todavía, enorme.
