Presupuesto 2012 para los estados: un problema de fondo por Eréndira Avendaño

Ante la próxima negociación del paquete económico 2012, las fuerzas políticas del país afinan sus agendas y definen las prioridades que, al terminar la negociación presupuestal el 15 de noviembre en la Cámara de Diputados, se traducirán en pesos y centavos en el Decreto del Presupuesto de Egresos 2012.

En este sentido, el PRI está buscando impulsar reformas legislativas para dotar de mayores recursos a las entidades federativas, el argumento que justifica la propuesta es la distribución desigual de los recursos, concentración del gasto en algunas regiones del país y mayores presiones de gasto que empujan a los estados a endeudarse. La propuesta del Revolucionario Institucional se enfoca en la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal, que incrementaría la Recaudación Federal Participable del 20 al 28%, lo cual significa un aumento sustancial de los recursos financieros transferidos a los gobiernos estatales.

Las implicaciones de esta propuesta no son menores. En términos generales, los estados reciben recursos de la Federación mediante dos vías: (1) Aportaciones y (2) Participaciones Federales. Las diferencias entre estos dos recursos no son triviales, ya que las Aportaciones se transfieren a los estados para un uso específico (financiar educación, salud, infraestructura) y están sujetas a evaluación y fiscalización del gobierno federal. Mientras que, las Participaciones son entregadas a las entidades para uso libre, no son fiscalizables por la Federación, aunque sí por los órganos de fiscalización locales.

La propuesta del PRI, propone incrementar los recursos a través de la segunda vía: Participaciones. En 2011, se estimó un presupuesto para esta partida de 493.9 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones propias, el incremento que se propone llevaría a entregar a los estados cerca de 650 mil millones de pesos en 2012, para uso libre y sin mecanismos fuertes de fiscalización y transparencia de los recursos. Esto significa que casi 40 centavos de cada peso que se gasta en el país, lo ejercerían los estados en las condiciones mencionadas.

Lo peor del asunto es que la medida no serviría para resolver las grandes debilidades que tienen los estados para financiar el desarrollo y crecimiento de cada región, baste decir que los recursos serían utilizados para pagar pasivos, deuda local y gasto corriente. Realmente se trata de un problema de fondo, en el cual a nadie satisface el actual acuerdo fiscal y en el que se encuentra detrás la impostergable discusión del Federalismo.

Efectivamente, existe una alta dependencia de las haciendas locales de los recursos federales, los gobiernos estatales enfrentan presiones de gasto por un proceso de descentralización de bienes y servicios públicos mal diseñado y, no cuentan con grandes fuentes de ingresos para financiarlos, ya que existe un sistema fiscal desequilibrado que concentra la administración y gestión de los ingresos en el gobierno federal. No obstante, el pragmatismo político sigue proponiendo medidas coyunturales que en poco contribuyen a resolver el problema de fondo, por lo que se requiere una propuesta de política pública que necesariamente implica revisar la definición de potestades en materia de ingreso y gasto a nivel federal, estatal y municipal. Cualquier similitud con la discusión de una Reforma Fiscal (postergada) es pura coincidencia.