Burocracia insaciable por Otto Granados

Ni la sabiduría convencional que aconseja, en tiempos inciertos, más trabajo, austeridad y ahorro, ni el sentido común parecen haber llegado a nuestra alta burocracia que, como es usual, se prepara para sangrar al erario público con un infinito rosario de ocurrencias y caprichos financieros, que no son sino el eufemismo con que se disfraza la corrupción e ineficiencia de buena parte del sector público mexicano.Por ejemplo, en septiembre iniciará la penosa peregrinación de funcionarios federales, gobernadores, alcaldes, rectores y un largo etcétera por los pasillos de la Cámara de Diputados para meter mano en la confección del presupuesto de egresos de la federación para 2012, un año crucial, porque con motivo de las elecciones la voracidad burocrática querrá hacer del gasto público la bujía de esas campañas.Véase otra muestra reciente. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) suspendió la entrega de recursos a 172 municipios porque, dice, no cumplieron con las reglas de operación o con las obligaciones impuestas por la ley respectiva. Los municipios afectados, obviamente, han criticado la actitud del gobierno federal y esgrimido cualquier cantidad de pretextos para justificar el presunto incumplimiento.Lo relevante de ambos casos es que el argumento es siempre el mismo: la solución de todo problema habido y por haber consiste, paladinamente, en más, más y más dinero, pero es justamente eso, dinero, lo que, en los últimos 20 años, han recibido con largueza. De hecho, los estados y municipios son ya los principales manejadores del presupuesto público nacional, excluyendo los recursos federales asignados a Pemex, CFE o el IMSS.El problema es otro y consiste en la profunda irresponsabilidad fiscal de los gobiernos locales porque, entre otras cosas, no les gusta cobrar impuestos, ni establecer precios reales en las tarifas de los servicios que prestan ni introducir criterios básicos de racionalidad en el gasto ni dejar de engordar las nóminas con las que mantienen a las clientelas políticas.Con cifras del año pasado, en promedio los ingresos estatales netos como proporción de sus ingresos totales representan apenas 10.3% y 21.5% en el caso de los municipios. Aún con tal nivel de anorexia fiscal (y por ende de dependencia de la federación) se atreven a eliminar la tenencia o subsidiar al infinito los costos de muchos servicios públicos, poniendo en riesgo no sólo su provisión en el mediano plazo, sino fomentando el derroche y el desperdicio de algunos de ellos, como señaladamente el agua.Más aún: la opacidad es rampante. El investigador Emilio Granados Franco encontró que en 2009, de los 373 municipios más grandes del país que reúnen al 65% de la población y generan el 80% del PIB nacional, solamente 97 publicaron su presupuesto de egresos en internet; en 100 de ellos ni sitio web tenían y entre los que sí contaban con uno, 89 no divulgaban el presupuesto.La burocracia, ya se sabe, es insaciable. Pero lo más irritante es que cada peso mal gastado o sustraído es un peso expropiado al ciudadano.