Diez años de transparencia en México por Cuauhtémoc Hinojosa Herrera

Múltiples obstáculos han tenido que sortearse para implementar el acceso a la información pública gubernamental en nuestro país, el impulso ciudadano sobre la utilidad de una ley de transparencia enfrenta constantemente las inercias de los que pretenden minimizar este avance social significativo en la búsqueda de que sus gobernantes rindan de cuentas.

El próximo año 2012, el reconocimiento de este derecho humano cumplirá sus primeros diez años de aparición en México, primero, en abril de 2002, con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, después, en junio de ese mismo año, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En la actualidad, todos los estados de la república y el Distrito Federal cuentan con una ley de la materia, al igual que sus respectivos órganos garantes y, la Constitución Federal fue reformada en su artículo sexto para elevar al más alto nivel legal el derecho a saber.

Las múltiples normas en nuestro país buscando un solo objetivo compromete, en sí mismo, al servidor público que durante muchos años ha tenido una actitud patrimonialista sobre los documentos y bienes que maneja derivado de su función pública; no obstante, como ha señalado Norberto Bobbio, la cuestión no resuelta en nuestro tiempo respecto de los derechos humanos no es la de fundamentarlos o justificarlos, en último término de comprenderlos, sino de protegerlos; de tal manera que se trata de una labor preeminentemente política y jurídico-positiva, o si se prefiere técnica, más que filosófica.

Muchos hemos observado en estos años como el intento por obstruir este derecho o, dejarlo en letra muerta, ha derivado en francas batallas entre la opinión pública versus el poder legislativo, dependencias y entidades, incluso, contra los propios organismos encargado de garantizar el acceso a la información, que, en la mayoría de los estados, les ha faltado contundencia para defender su autonomía. Por mencionar sólo algunos casos, recordemos Querétaro, Jalisco, Zacatecas y, muy recientemente, Veracruz.

Aunado a ello, pareciera que la transparencia no ha podido cumplir uno de sus principales objetivos como lo es combatir la corrupción. El Índice de Corrupción que anualmente da a conocer Transparency International, muestran que México continúa estancado en este rubro, teniendo en ocasiones retrocesos lamentables; del año 2001 al 2010, el lugar que hemos ocupado en la prueba es, respectivamente, el siguiente: 51, 57, 64, 64, 65, 70, 72, 72, 89 y 98.

El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que elabora Transparencia México, nos muestra que la frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 2010. Previo a la entrada en vigor de cualquier ley de acceso a la información, en el año 2001, la frecuencia de corrupción nacional era de 10.6, solamente punto tres décimas más que la del año pasado.

En cuanto al escaso avance para erradicar la corrupción en nuestro país, resultaría injustificado hacerles una imputación implacable a los organismos de trasparencia, en dado caso, tendríamos que involucrar el trabajo de las contralorías y de las auditorías de fiscalización superior; sin embargo, la evidencia estadística nos dice que, pese a todos los esfuerzos, falta mucho por hacer.

*Ex Director de Normatividad Archivìstica del IFAI.

*hcuauhtémoc@yahoo.com