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Aquél no era un público cualquiera. Eran activistas sociales, la mayoría con muchos años en diversas trincheras de luchas cívicas. Cuando uno de los presentes comentó sobre la plática que acababan de escuchar respecto al derecho de acceso a la información pública, el resto asintió con la cabeza.
¿Cómo saber si esto de la transparencia no es una estrategia más del gobierno para mantenernos distraídos con migajas o paja de información? Esto de la transparencia no funciona, de lo contrario ahorita ya sabríamos cuánto ha invertido el gobierno en proyectos sobre los que no quiere informar, dijo el más veterano de los activistas.
Y de ahí para abajo. La desconfianza en el gobierno –visto como un ente informe, corrupto y corruptor, que abarca todos los espacios públicos– es de tal magnitud, que impide de plano creer en las supuestas bondades de las leyes que él mismo produce, en este caso las de transparencia. Desde esta posición es casi impensable ejercer el derecho de acceso a la información pública.
Otro gran obstáculo en este camino hacia la transparencia es el de la indiferencia respecto a los asuntos públicos. Personas que no sólo ignoran la composición y funciones de los órganos públicos, sino que no les interesa saberlo, mucho menos inmiscuirse en qué hace el gobierno y para qué. Sus intereses aparentemente no incluyen nada que tenga que ver con instancias públicas del gobierno. Para ellos el derecho de acceso a la información pública es algo innecesario.
Sí hay, en cambio, quienes quisieran saber ciertas cosas sobre el gobierno. Muestran interés en asuntos que ven en los medios de comunicación, pero tienen temor a posibles represalias del gobierno si se atreven a solicitarle información.
Entre 2005 y 2007, el IFAI impulsó el programa Comunidades para promover el uso del derecho de acceso a la información en grupos sociales marginados. Una evaluación externa a ese programa mostró que el 40 por ciento de las personas que participaron en él tenía miedo de sufrir una represalia de parte de la autoridad por solicitar información.
Por otra parte, tanto ha desplegado el IFAI las enormes ventajas que tiene el sistema de solicitudes de información por Internet, (INFOMEX), que prácticamente han quedado en el olvido las docenas de millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet ni a una computadora, y que si acaso tuvieran ese acceso carecen de las competencias para poder aprovecharlos.
¿Quién y cómo se está atendiendo a ese sector que, por cierto, conforma la mayoría de la población mexicana? ¿Qué programas están desarrollando los órganos garantes de la transparencia para que este derecho pueda ser ejercido por cualquier persona, sin importar su posición socioeconómica?
Los usuarios de Internet en México representan la tercera parte de la población, pero de un pequeñísimo grupo de personas de ese sector con acceso a Internet se genera el 96.4 por ciento de las solicitudes de información a la administración pública federal. Es decir, la brecha en las oportunidades de acceso a la información pública se ha acentuado con los sistemas de solicitudes de información que operan con Internet.
¡Qué paradoja!, el principal medio para ejercer un derecho concebido para igualar oportunidades sociales está contribuyendo a lo contrario.
Estamos entonces ante otro gran obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la carencia de recursos tecnológicos y las competencias necesarias para poder ejercerlo con facilidad, economía e incluso en el anonimato.
¿Qué representa, por ejemplo, para los millones de mexicanos que carecen de acceso a Internet, el cúmulo de información pública que de oficio, deben difundir miles de instituciones públicas en Internet? Algo muy cercano a nada. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Un obstáculo más para poder ejercer el derecho de acceso a la información pública es la ignorancia. Pero no sólo la ignorancia sobre la existencia de este derecho, sino el desconocimiento de los procedimientos específicos para poder ejercerlo y disputarlo a través de sus medios de defensa.
