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El año pasado, México Infórmate estuvo presente en una de las varias reuniones que sostuvo el relator de la ONU, Frank La Rue así como la relatora de la OEA, Catalina Botero.
Los relatores escucharon las experiencias, negativas y positivas, que organizaciones y ciudadanos han tenido a la hora de ejercer el Derecho de Acceso a la Información.
En estos momentos una de las principales preocupaciones para todos los interesados en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información es precisamente la reforma a esta ley federal.
Sí, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que sigue sin ser reformada por los diputados federales a pesar de que el artículo 6 de la Constitución así lo exigía en sus artículos transitorios desde 2009.
Una de las preocupaciones expresadas por las organizaciones ahí presentes en ese encuentro con los relatores, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, era el posible retroceso en materia de transparencia porque el IFAI no contaba con dientes y porque sus resoluciones no eran inatacables, sólo definitivas.
Pero otro de los pendientes de esta ley es la inclusión de los partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados directos, justo ahora una de las recomendaciones que expresa el mismo relator de la ONU.
¿Qué significa esto? ¿Qué se logra incluyendo a los partidos políticos como sujetos obligados directos de la ley? Que no tendría que preguntarle a través del IFE, sino directamente al partido político, en qué y como gasta sus recursos.
Quizá quienes están haciendo el trabajo o hicieron reformas de avanzada fueron algunos estados que, por fortuna o desgracia del gobernante en turno, sí decidieron incluir a los partidos políticos directamente en sus leyes de transparencia.
En un análisis elaborado por el comisionado del Instituto de Transparencia del Distrito Federal, Jorge Bustillos Roqueñí –La transparencia y el acceso a la información de los partidos políticos— se menciona hasta dónde han llegado los estados en materia de transparencia partidista, si se vale el término.
Por ejemplo, Coahuila, Tabasco, Veracruz y Zacatecas obliga a que los partidos entreguen información de su financiamiento tanto público como privado.
Los otros estados que consideran a los partidos políticos como sujetos obligados directos –Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos y Sinaloa—sólo exigen que partidos informen del financiamiento público.
Y aún así, hay resistencias. Recientemente los estados de Morelos y Jalisco dieron a conocer la resistencia de los partidos para no entregar la información.
En el caso de Jalisco, el órgano garante de la entidad dio a conocer una especie de ranking en la que la mayoría de los partidos políticos habían reprobado en materia de transparencia y en el caso de Morelos todavía el asunto se tornó más grave, pues ante la negativa de entregarse la información requerida, el Instituto Morelense en aquél entonces afirmó que podría acudir a otras instancias como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que se entregaran los datos.
Falta mucho por avanzar en materia de Transparencia y Acceso a la Información y los partidos políticos así como los sindicatos todavía les deben una explicación a los ciudadanos de porqué no quieren rendir cuentas de manera eficiente. Finalmente son recursos públicos.
