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Recientemente tanto en nuestro país como en el extranjero ha cobrado auge la discusión sobre el manejo que se le da a las bases de datos y en especial el uso y abuso que se puede hacer de los números de las tarjetas de crédito o los números celulares, o de los datos que cualquier persona coloca en las redes sociales.
En el caso mexicano, es alarmante saber que el gobierno federal no ha definido con claridad qué pasará con el malogrado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), proyecto enterrado por el Senado de la República este año; basta recordar que en 2010 el gobierno federal y las empresas de telefonía celular amenazaron con cancelar las líneas que no fueran registradas por sus propietarios, que dieron de alta su CURP junto a su número celular, superando los 80 millones de registros.
Pero los datos personales de los mexicanos a los que se les puede dar mal uso, están por doquier y no sólo en manos del gobierno: están integrados tanto en una lista de clientes de una pizzería o tintorería, como en las bases de datos de las escuelas, los centros de trabajo, los bancos, las aseguradoras o los sindicatos.
Un dato personal es cualquier información relacionada con el ser humano: nombre, teléfono, domicilio, fotografía, o huellas digitales y otro dato que pueda servir pata identificar a cualquier persona, y justamente cada quien es libre de decidir cómo, cuándo, a quién y para qué entrega su información personal, con las salvedades de la ley.
Para saber más del tema, es útil consultar en internet el sitio del IFAI (www.ifai.org.mx) fuente de este texto en donde está disponible un apartado para conocer las implicaciones de la aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tema que abordaré detalladamente en las próximas entregas de este espacio.
En una primera aproximación, es importante recalcar que cada mexicano es el primer responsable de proteger sus datos personales y posee el derecho de evitar que sean robados y mal empleados, especialmente los conocidos como datos sensibles, tales como el estado de salud, la información genética, las preferencias sexuales, el origen racial o étnico, las creencias religiosas, filosóficas, morales e incluso políticas.
Por ley, las empresas y en general los poseedores de bases de datos, deberán contar con áreas responsables de atender los llamados derechos ARCO, acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos, para lo cual el IFAI ofrecerá asesoría.
También las empresas deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que a los datos personales no se les dará un uso indebido o ilícito, y deben protegerlos contra pérdida, alteración, robo o modificaciones no autorizadas, labor que será muy complicada si no se toman desde ahora las medidas necesarias.
