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La contrarreforma en materia de acceso a la información sigue avanzando en el país. Es del dominio público que uno de los casos más sonados y emblemáticos es el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sentó un terrible precedente al impugnar el año pasado una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que le obligaba a transparentar la lista de beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales por más de 73 mil millones de pesos.
Esa resolución fue impugnada por Hacienda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), invocando el secreto fiscal para incumplir la orden del IFAI y de paso vulnerar el carácter definitivo de la resolución del órgano garante encabezado por Jaqueline Peschard. El TFJFA no tenía nada que ver en el caso, pero aceptó la demanda de juicio de nulidad, vulnerando el derecho a saber de los mexicanos.
El problema central y lo grave del precedente descrito, es que los llamados órganos garantes, como el IFAI a nivel federal o en el caso de Puebla la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), podrían dejar de ser quien tenga la última palabra respecto a la entrega o no de la información que solicite cualquier ciudadano.
Originalmente, son los órganos garantes la última instancia en la que se decide qué información es pública y qué información se reserva, pero con el paso del tiempo, los gobiernos se han percatado de que no les es conveniente abrir toda la información, por lo que una de las estrategias que han emprendido es la realización de contrarreformas legales que impidan que las resoluciones de los órganos garantes sean definitivas e inapelables.
El intento más reciente se ha registrado este lunes en Veracruz, donde el diputado local priista Flavino Ríos Alvarado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información por medio de la cual se trata de impedir que las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) sean definitivas y obligatorias para los sujetos obligados –las dependencias del gobierno-, con lo que de aprobarse ocurriría algo similar al caso de los créditos fiscales: cualquier funcionario o dependencia que se niegue a entregar información podría acudir a un juzgado para no dar la información que se le pide, lo que contraviene los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública.
De acuerdo con un análisis de Ángel Martínez Armengol, representante de México Infórmate en esa entidad, también se busca restarle facultades a los comisionados del IVAI, al grado de limitarlos legal y administrativamente y delegarle esas funciones a un secretario ejecutivo, como ya ha ocurrido con antelación en otros estados como Querétaro.
En el caso de Puebla, donde las universidades más importantes y la cúpula empresarial aglutinadas en Actívate por Puebla han exigido se promulgue una ley de transparencia de avanzada, habrá que estar pendientes de que no se reproduzca la trampa propuesta por el diputado veracruzano.No hay que olvidar que el que hace la ley, hace la trampa.
*Coordinador en Puebla de México Infórmate
jmachucaluna@mexicoinformate.org
