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¿Por qué es importante saber quién recibe los subsidios gubernamentales con nombre y apellido? ¿Por qué no nos basta con conocer el monto de los dineros públicos y hacia qué región, lugar o programa fueron dirigidos? En pocas palabras: ¿por qué es indispensable la transparencia en los padrones de beneficiarios?
En el contexto de inseguridad actual que vive nuestro país, ha habido cuestionamientos sobre la pertinencia de que los padrones de beneficiarios revelen los datos de quienes reciben ciertos apoyos gubernamentales, particularmente los subsidios directos e individuales. Estas voces se alzan por una mayor opacidad argumentando que el Estado no puede proveerles la garantía de seguridad que requieren y que sus nombres deberían desaparecer de los padrones. Para no entrar en este falso debate, es oportuno recordar lo que han expresado en reiteradas ocasiones expertos en la materia como Jacqueline Peschard y Tom Blanton: la seguridad de las personas no se consigue violentando el mandato legal de ser transparentes.
Los subsidios gubernamentales representan montos significativos de egresos del erario público que, en beneficio de todos, es indispensable saber a dónde son destinados. Tan sólo los pagos a personas para fomentar la competitividad en el medio rural (subsidios al campo), representaron alrededor de 60,000 mdp para el año 2010. Los pagos individuales para superación de la pobreza por vía del programa Oportunidades, representan un monto similar, alrededor de 60,000 mdp.
Para saber quién obtuvo los recursos de los programas en cuestión basta con consultar los padrones del programa Oportunidades; éstos contienen la información completa de todos los beneficiaros de los apoyos gubernamentales (nombre, municipio, estado, localidad, programa y monto por programa), cuando reciben un monto máximo de 2,440 pesos por familia (para el caso de quienes tienen becarios en primaria, secundaria y educación media superior). Dicho monto es más bajo para quienes sólo tienen becarios en primaria y secundaria.
Por otro lado, los beneficiarios de los subsidios agrícolas reciben montos diferenciados cuyos topes máximos de 100,000 pesos para personas físicas sólo existen para Procampo (aunque éstos no se habían respetado sino hasta el ciclo agrícola Otoño–Invierno 2010). El primer 10% de los beneficiarios de Procampo e Ingreso Objetivo recibe en promedio 16,000 pesos por año, mientras que el último 80% recibe 964 pesos por año.
Otros resultados más dramáticos son que el pago promedio por beneficiario de los subsidios por diesel agropecuario fue de 3,761.63 pesos y para el caso del subsidio por diesel marino, el pago promedio por beneficiario ha sido de un poco más de un millón de pesos (en los periodos de operación de los programas). Para el caso de este último programa, el beneficiario es el nombre de los barcos o instalaciones acuícolas, por lo que tenemos que Azteca 6 de Sinaloa recibió 20 mdp por concepto de subsidios entre 2003 y 2009. Para el caso de estos dos padrones, no conocemos la localidad, municipio, producto a que fue dirigido el subsidio ni el nombre de la persona o empresa beneficiaria.
La paradoja de los padrones de beneficiarios de los subsidios sociales y productivos radica en que mientras más dinero se otorga a quienes reciben los apoyos, existe menos información sobre estos sujetos. Sin embargo, ambos tipos de apoyos se otorgan en el medio rural con el objetivo de invertir en el campo. Y aún así, 31.8% de las personas que vive en el medio rural se encuentra en situación de pobreza alimentaria o extrema.
Conocer los padrones de beneficiarios nos permite hacer un análisis sobre quiénes reciben los subsidios, además de descubrir la posibilidad de que se incurra en irregularidades sobre el uso de los dineros públicos; es decir, saber si funcionarios públicos o personas dedicadas a actividades ilícitas han recibido los mismos.
La transparencia en los padrones de beneficiarios permite a la sociedad hacer un ejercicio de contraloría social sobre el uso de los recursos públicos. En otras palabras, verificar que reciben los dineros públicos quienes deben, y denunciar a quienes no deberían recibir estos fondos. Nos permite además comprobar que el dinero de todos se utilice para los fines para los que ha sido programado y, sobre todo, cuestionar si dichos fines le son útiles a la Nación.
Así pues, la transparencia no es un valor abstracto sin ninguna utilidad, se trata más bien de una herramienta clave para ejercer nuestros derechos y sustentar nuestras obligaciones. También nos permite exigir al gobierno que cumpla con su labor, empoderándonos para convertirnos en ciudadanos y responsabilizándonos sobre el cause de las políticas. Esto es a lo que verdaderamente le temen quienes promulgan la opacidad.
La autora es investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
