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En octubre de 2008 lanzamos desde Fundar, en colaboración con la ANEC y la Universidad de California Santa Cruz, una herramienta que permite analizar la estructura de los subsidios agrícolas. A partir de la información concentrada en el sitio web Subsidios al Campo en México, algunos medios de comunicación y actores políticos han utilizado la información para denunciar diversas irregularidades asociadas con programas como PROCAMPO. Sin embargo, se requirió de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para desatar cambios de fondo en la política agropecuaria.
En la página Subsidios al Campo en México se concentra la información de seis padrones de beneficiarios de pagos directos e individuales de la vertiente competitividad del Presupuesto destinado a la agricultura (Programa Especial Concurrente o PEC). Esta herramienta permite conocer de forma sencilla datos oficiales sobre los padrones de beneficiario/as de los programas de subsidios agrícolas, así como información sobre las grandes tendencias de éstos en términos de distribución estatal y concentraciones al interior de los padrones.
Entre las irregularidades relacionadas con los programas de subsidios agrícolas que se han denunciado, y que en la página se muestran, podemos mencionar las siguientes: el persistente conflicto de interés entre servidores públicos que también son productores y reciben subsidios, la falta de un padrón único que deriva en falta de control de los recursos que se otorgan, la concentración de recursos en pocas manos y pocos estados, y el otorgamiento de apoyos por encima del monto mínimo y máximo permitido por las Reglas de Operación.
Uno de los aspectos de fondo que más llama la atención es el del conflicto de interés existente entre los funcionarios públicos que reciben recursos agrícolas. Cabe recordar que a partir de 2008 está específicamente prohibido en las Reglas de Operación que los funcionarios del sector agrícola reciban recursos públicos, pero antes existía normatividad a nivel federal que lo prohibía; por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Aún si aceptamos el supuesto de que antes de 2008 no existía tal prohibición expresa, vale preguntarnos si cabía la ética en los funcionarios públicos que se beneficiaban a sí mismos y a sus familias para incrementar la productividad en sus negocios vinculados con la agricultura. Desde mi punto de vista, la ética del servidor público debería haber limitado el acaparamiento de recursos para fines privados. Sin embargo, funcionarios como el actual secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, señalaron que ni por ética dejarían de recibir la subvención.
En un esfuerzo que vale la pena alabar, la ASF echó a andar el sistema de Rendición de Cuentas y le realizó una auditoría a Procampo a raíz de las denuncias de organismos de la sociedad civil (como Fundar), académicos, organizaciones de productores y medios de comunicación.
En dicha auditoría, la ASF condenó el conflicto de interés y le ordenó a 577 funcionarios públicos que devolvieran los recursos que habían obtenido por la vía de los subsidios agropecuarios; o bien, que se sometieran a procedimiento administrativo por la violación a la normatividad. Algunos funcionarios ya comenzaron a hacerlo, como el propio secretario Mayorga.
Cabe preguntarse entonces si basta con que los funcionarios devuelvan los recursos por el temor al garrote de la ASF. Si establecemos que en primer lugar estos servidores públicos recibieron de forma incorrecta recursos del gobierno para sus actividades privadas, es difícil de entender que no hayan existido consecuencias por haberse violado la norma. No sobra afirmar entonces que debemos continuar con el monitoreo para asegurarnos que ningún funcionario, o sus familiares, reciban este tipo de dineros públicos para su vida privada.
Sin embargo, lo más dramático no es la violación a la normatividad, sino la situación en que la viven miles de campesinos en el país. En el México de hoy, los pequeños y medianos productores sufren para acceder a recursos públicos y mejorar así su calidad de vida como productores, pues esos recursos están cooptados por diferentes grupos, ya sean funcionarios o grandes productores agrícolas. Es importante, entonces, discutir el modelo agropecuario que tenemos y plantear la inclusión de estos miles de campesinos a la vida productiva.
