Siempre en guardia por Juan Ciudadano

Dos avances están más cerca de lograrse con la aprobación, hace unos días, del dictamen de reforma a la Ley Federal de Transparencia por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Además de estos avances potenciales se evitó lo que hubiera sido el retroceso legislativo más significativo en una década en materia de acceso a la información.

Se avanzó en hacerle más angosto el camino a las supuestas inexistencias de información y a las evasivas, sobre todo de la Secretaría de Hacienda, para abrir la información que resguardan los fideicomisos públicos.

La contención tiene que ver con el intento de algunos diputados de poner árbitros por encima del IFAI para resolver controversias.

Vamos un poco más al detalle de cada uno de estos puntos:

IFAI ¿apelable? Hay que ponerle nombre y apellido a los enemigos de la apertura informativa y seguirles la pista, no vaya ser que nos pidan el voto a la vuelta de la esquina cuando anden a la caza de un nuevo cargo público.

Desde la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fueron Gregorio Hurtado del PAN y Arturo Zamora del PRI los que buscaron echar abajo la redacción del Artículo 59 de la Ley en el dictamen enviado por el Senado donde se establece que las decisiones del IFAI son definitivas e inatacables. Afortunadamente la Comisión terminó ignorando a los promotores de la contrarreforma.

Lo que se evitó no es poca cosa, se cerró la puerta a todos aquellos burócratas que con base en ampararse, por ejemplo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra las resoluciones del IFAI, hubieran podido convertirla en irrelevante como instancia que resuelve disputas de transparencia.

Convertido en árbitro intermedio, el IFAI hubiera terminado casi sin dentadura.

Fideicomisos. En la Comisión de Gobernación se aprobaron también modificaciones a los artículos 12 y 19 bis que hacen explícita la obligación del Estado de facilitar la información relacionada con los fideicomisos públicos.

Los créditos fiscales otorgados por el Sistema de Administración Tributaria ahora también son susceptibles de ser revisados por cualquier ciudadano.

La alta burocracia de la Secretaría de Hacienda, en el sexenio del Presidente Fox y ahora con el Presidente Calderón, han sido renuentes a facilitar ambos tipos de información.

Con las concesiones fiscales y con los fideicomisos (por ejemplo los que tienen como destino a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado) se gobierna; sirven para administrar favores y castigos. Estas herramientas de control político son también mecanismos a través de los cuales se maneja mucho dinero.

Que les quede muy claro a los actuales y futuros funcionarios de Hacienda, por razones económicas y políticas los fideicomisos y los créditos fiscales son información que debe estar disponible al público.

Combate a inexistencias. Cuando un funcionario público dice que la información solicitada no existe, las posibilidades de que la razón para ello sea que ya fue destruida ilegalmente son muy altas. Las inexistencias crecen año con año.

Lo que pretende el Legislativo con los nuevos artículos 46 y 55 bis es que las dependencias elaboren aquellos documentos que no tienen, pero tendrían que tener. Cuando de las obligaciones conferidas a un sujeto obligado -un órgano público- se desprenda que los documentos solicitados (supuestamente inexistentes) debieran obrar en archivos, entonces la dependencia está bajo la obligación de prepararlos.

Es un paso en la dirección correcta, pero falta mucho para terminar de atarle las manos a los depredadores de información.

El ir y venir de este paquete de reformas -todavía inconcluso- hace evidente que en materia de transparencia estamos ante una legislación viva.

Como todo derecho, éste, el de estar informado, existe en permanente tensión con otros derechos. Pero más importante que esto es que el derecho a la información pública vive en tensión con intereses particulares de quienes nos gobiernan.

El que baje la guardia pierde.

juanciudadano@juanciudadano.com