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Con la transición política en el Estado de Oaxaca, el gobernador Gabino Cué Monteagudo envió a la LXI legislatura Local una iniciativa para modificar la Constitución oaxaqueña, todo esto a fin de instaurar las herramientas necesarias para su nuevo régimen de gobierno.
Por lo que respecta en materia de Transparencia y DAI, la reforma prevé la creación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública a nivel de órgano autónomo constitucional, con atribuciones idénticas al órgano garante actual, como son vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y los derechos de acceso a la información, en todos los entes públicos del Estado, incluyendo a los poderes públicos.
En este punto habría que hacer una anotación, puesto que Oaxaca ya cuenta con un Órgano Garante aunque en este caso solo con autonomía legal, por lo que al sustituirlo por uno nuevo, tira por la borda un poco mas de 2 años de experiencia y camino recorrido en materia de transparencia y Derecho de Acceso a la Información por parte del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, quien muy a pesar de su polémica creación y designación de sus comisionados en 2008, ha sabido desarrollar una política de transparencia de manera eficiente de acuerdo a la medida de sus posibilidades.
Por lo que la única explicación para sustituir de manera tajante un órgano garante por otro, muy a pesar de los beneficios legales, es el de establecer un órgano a modo y conforme a las necesidades e intereses políticos de la administración actual.
El Gobernador Gabino Cué no está de acuerdo en que los titulares del actual órgano garante sigan ostentando estos cargos y ahora pretende removerlos a como dé lugar, y que en este como en otros casos se trata más de una revancha política que de la buena voluntad por parte del Ejecutivo del estado por renovar las instituciones. La misma situación sucede con los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo y la Auditoria Superior del Estado, para quienes también existe una reforma de remoción total.
Por lo que debemos levantar la voz a fin de que la continuidad y autonomía de los órganos autónomos sea respetada, y que las instituciones no pueden ni deben ser modificadas a capricho de una administración.
Es verdad que desde el punto de vista legal la autonomía constitucional reviste un atractivo beneficio en la reforma del Órgano Garante, como los que se establecen para la regulación y conformación, así como su ampliación de atribuciones, sin embargo no se está considerando que esto puede concluir en una práctica regresiva; tampoco se ha considerado aun una reforma a la Ley de Transparencia actual, misma que reconoce al IEAIP como único órgano Garante; por lo que en ese caso no habría un órgano garante legal para poder interponer un recurso de revisión, ya que solo se ha contemplado la reforma constitucional, violando de esta manera lo contenido en la fracción IV del artículo 6 constitucional, que prevé procedimientos expeditos de revisión, por lo que se dejaría al ciudadano sin un recurso en caso de falta de respuesta a su solicitud o inconformidad con la información que le fuese entregada.
No debemos olvidar que hasta ahora no ha sido aprobada ninguna reforma constitucional desde la entrada en funciones por parte de la LXI Legislatura del Estado, debido a la diversidad en los grupos políticos que la conforman. Requiere de la aprobación de 28 de 42 diputados y la alianza que llevó a Gabino Cué sólo tiene 25 legisladores.
Así que por el momento la reforma se encuentra trabada. Empero no es razón para no señalar las irregularidades, inconstitucionalidades y atribuciones excesivas disfrazadas que reviste toda la reforma y que el Gobernador pretende para el Estado.
