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Ya lo decía Jorge Zepeda Patterson en Los Intocables Tener un país democrático integrado por un pacto federal suscrito por entidades libres y soberanas parece una espléndida idea. O lo era, salvo que los beneficiados han sido Ulises Ruiz, los Mario Marín y una enorme lista de gobernadores que parecen competir entre sí en ocurrencias, deslices, felonías y capacidad para salirse con la suya.
Hemos visto en los últimos años el empoderamiento de los gobernadores que en algunos casos consideran a los recursos públicos como patrimonio propio. Y quienes además de guardar celosamente el gasto en publicidad oficial y su asignación, han utilizado recursos para hacer propaganda personal.
Los recursos públicos no deberían tener como fin destacar logros de gestión, sino informar sobre los actos de gobierno y comunicar cuestiones de relevancia pública. Esto quedó asentado en la reforma constitucional en 2007, específicamente Artículo 134: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Encontramos una cultura enquistada de abuso persistente por parte de funcionarios que manipulan la distribución de publicidad en función de objetivos políticos y personales, en franca violación a las normas internacionales y regionales de libertad de expresión. Hemos sido testigos de cómo las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de infomerciales en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en telenovelas y series (publicidad integrada o publicidad encubierta) es una forma de darle la vuelta a la legislación existente.
Aunque la diferencia entre comunicación oficial y propaganda personal haya sido delimitada en la normatividad, varios gobernadores han utilizado de forma ingeniosa no sólo recursos destinados a comunicación social para publicitar acciones y programas que legitimen su proceder o mejorar su imagen, sino que también han echado manos de otros recursos.
Construir una imagen: Enrique Peña Nieto
De acuerdo con la información del diario Reforma1, el gobernador difundió un spot a nivel nacional de su Quinto Informe con una duración de 30 segundos en Televisa transmitido el 7 de septiembre de 2010 durante el horario de la telenovela Soy Tu Dueña, con un costo de 640 mil 611 pesos, equivalentes a casi 30 años de salario mínimo. Mientras que un spot contratado con Televisa Estado de México, de sólo difusión a nivel regional, en el horario de la misma telenovela costó 9 mil 492 pesos. Es decir, el gobierno de Peña Nieto gastó 67 veces más para difundir su informe a nivel nacional que lo que le hubiera costado transmitir el anuncio de su informe a una audiencia en su estado.
El Instituto Federal Electoral sancionó a Peña Nieto por violar el Artículo 134 de la Constitución y bajo el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que los servidores públicos podrán difundir propaganda como parte de su informe anual siete días antes de la fecha de éste y cinco días después además de que la promoción debe hacerse en los límites de la región que se gobierna.
