¿Realmente necesitamos la publicidad oficial? por José Mario de la Garza Marroquín

El ciudadano se encuentra en un claro estado de indefensión, al no conocer con exactitud el dispendio publicitario. Así las cosas, nos tenemos que conformar con escuchar y ver los anuncios que los genios en marketing preparan, para presentarnos una realidad que a simple vista no corresponde a la del país. Con independencia de lo anterior, también cabe preguntarse si el Estado debe utilizar nuestro dinero para publicitarse, es decir, hasta que punto se justifica en un país pobre, el dilapidar recursos en el embellecimiento de nuestros gobernantes. En un Estado democrático de derecho, el poder público no debe indicar a los medios qué información debe proporcionar a la sociedad y cómo hacerlo, en la medida en que afectaría las libertades informativas previstas en el artículo sexto constitucional.

¿Cuál es entonces, el propósito de la publicidad oficial?, atendido a los principios básicos que conforman el Estado, la publicidad oficial debe tener como único y exclusivo propósito, difundir datos y hechos de interés público. Si hacemos un análisis de la publicidad oficial en medios electrónicos y escritos, podemos concluir que en la gran mayoría de los casos, lo que se difunde dista mucho de ser de interés público, fotografías de gobernantes sonrientes ante una población que los aclama como si fueran emperadores romanos. Eso no es, ni puede ser bajo ninguna óptica de interés público, se nos vende una especie de fotomontaje tipo Disynelandia, pagado con nuestro propio dinero. El Doctor Ernesto Villanueva, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quién ha profundizado sobre este tema, considera que hay tres problemas esenciales: a) se utilizan recursos públicos para promover la imagen personal o institucional en los tres poderes del Estado, en mayor o menor medida; b) no existen criterios de equidad para asignar la publicidad, sino un ejercicio discrecional por parte de la autoridad; y c) no existen criterios tampoco de calidad de contenidos publicitarios que antepongan la noción de interés público, entendiendo este concepto como información que permita ejercer derechos y/o cumplir obligaciones.

Para resolver esta problemática, se requiere promover, a nivel Federal y Estatal, una ley de transparencia y equidad publicitaria oficial que defina qué debe ser objeto de publicidad, quiénes los destinatarios posibles y qué prohibiciones debe haber tratándose de recursos del público. Claro esta que tendremos que esperar los tiempos del Congreso que no necesariamente coinciden con los del interés de la ciudadanía. Mientras eso sucede, solo quedar contemplar la publicad oficial y preguntar como lo hace Mario Benedetti, en sus versos para cantar, "seré curioso señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe?"