Por una información úti por Marcos Méndez Lara

Si le preguntáramos en este momento a la gente qué cambios ha notado durante los cuatro años y cuatro meses en que ha estado vigente la legislación estatal en materia de transparencia y acceso a la información, lo más probable es que responda ¡ninguno¡, o, en el mejor de los casos, muy pocos.

Y es que la información pública no ha sido hasta hoy un factor que contribuya a modificar las condiciones de vida de las y los ciudadanos en el ámbito individual ni en el colectivo; tampoco ha abonado para que Guerrero sea visto como un estado más democrático y mucho menos a nadie se le ocurriría mencionar que con la ley de transparencia se ha ganado en credibilidad de las instituciones.

Es lamentable decirlo, pero hay desencanto entre la ciudadanía, especialmente de quienes han intentado ejercer su derecho de acceso a la información; esta circunstancia bloquea en gran medida cualquier avance hacia una cultura de la transparencia y actúa a favor de quienes buscan que las cosas permanezcan igual.

Muchos ciudadanos motu proprio o guiados por la orientación y promoción que hacen diferentes organizaciones sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información –incluyendo sobre todo lo que respecta a la utilidad social de la información y su relación con el ejercicio de otros derechos-, encuentran con mucha frecuencia numerosos obstáculos y una gran indiferencia.

Si se revisa el tipo de información que solicita la gente y en cuál de ellas ha recibido negativas o diferentes formas de bloqueo, una gran mayoría se refiere a presupuestos y su ejercicio, beneficiarios de los programas sociales, reglas de operación, expedientes técnicos y otros datos que son clave para realizar acciones de contraloría social.

Al solicitar este tipo de información se ha topado con el problema de que los mecanismos para hacer viable lo que dice el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información no están funcionando. Y entre éstos se incluyen desde aspectos tan sencillos como la falta de divulgación sobre cómo presentar una solicitud de información hasta otros más complejos como el funcionamiento ineficaz del órgano que tiene la misión de garantizar el derecho de acceso a la información a los guerrerenses.

Pero entre los más graves está la falta de disposición política de todos aquellos responsables de las dependencias públicas, que de manera deliberada establecen prácticas que inhiben o desmotivan esta forma de participación ciudadana.

Ese es uno de los retos más importantes que se tienen a la vista, lograr que la información clave realmente se le proporcione a la gente para que pueda realizar acciones de contraloría social, y para ello se requiere que los mecanismos que hacen posible esto, funcionen.

El próximo 11 de noviembre la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, y las universidades Intercultural de los Pueblos del Sur, Campesina del Sur y Loyola del Pacífico organizan el Encuentro de Contralores Sociales, precisamente para reflexionar sobre esta problemática.

En este encuentro se ha convocado especialmente a los jóvenes que han realizado acciones de contraloría social en varias comunidades rurales, como parte de los programas de las instituciones convocantes, y conocen lo que es enfrentar estructuras que se niegan a cambiar.

La cita es el próximo 11 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Universidad Loyola del Pacífico.

marcosmendezlara@yahoo.com.mx