Auditores a modo por Juan Ciudadano

¿Qué es lo que pasa (en los estados)?, se preguntaba hace unos días el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.

El sentido de la pregunta es: ¿por qué Gobernadores y Alcaldes gozan de tan amplios márgenes de impunidad en el ejercicio del gasto público?

Y él mismo se respondía: los gobernadores quieren tener su auditor superior, así como tienen a su contralor, que el auditor superior les reporte también a ellos, más que al Congreso.

Habría que corregirlo, en la mayoría de los casos no es que lo quieran tener: lo tienen.

En los pocos estados en que los auditores no son lacayos del gobernante en turno, trabajan con un perfil tan bajo -no llaman a la atención sobre sus hallazgos, entregan sus informes al Congreso sin hacerlos públicos, se asumen sólo como técnicos de contabilidad y no como pilares de la rendición de cuentas- que su trabajo se vuelve inocuo.

Con los órganos auditores locales pasa lo mismo que con las autoridades en materia de transparencia: los resultados de las instancias locales son por lo general tan pobres, que las instancias federales, con todas sus carencias y limitaciones, se convierten en modelo a seguir.

Impensable, por ejemplo, que algún órgano auditor local llame a cuentas a funcionarios de una administración estatal o municipal como lo ha hecho la ASF con la SEP y las Secretarías de Educación de los estados en lo relacionado con las plazas y los maestros comisionados.

La ASF exigió a los estados información sobre el número total, nombres, funciones y periodos de duración de las comisiones de los maestros. El asunto es de primera importancia: ¿qué hacen los miles de maestros que en todo el País no trabajan frente a un grupo y desempeñan una importante función dentro del sindicato?

Una vez hecha la solicitud de aclaración y cumplido el plazo, la ASF exhibió públicamente a los estados que no cumplieron con el requerimiento de información y le exigió, también públicamente, a la SEP que regularice esa situación. De no actuar la SEP, la Auditoría tendrá que castigar a los funcionarios responsables de la falta de claridad en el gasto.

Lo que se espera de un órgano auditor estatal es precisamente eso, que no se contenten con llenar informes para guardarse en un cajón, sino que la rendición de cuentas tenga todos sus alcances: jurídico, administrativo, mediático e incluso político para quien incumpla con la obligación de ejercer el gasto público con rectitud y apegado a derecho.

En los estados hacen falta, al menos, cinco elementos para que los órganos auditores locales tengan más dientes y dejen de tener pretextos para evadir su responsabilidad de exigir cuentas a fondo. Estos serían.

1. Autonomía plena. Ni manejada la Auditoría por el Gobernador, ni manejada por los partidos en los congresos locales.

2. Funcionarios avalados técnicamente. Controlar el gasto de la burocracia (frecuentemente bastante maleada) es una tarea tan compleja que el equipo de auditores capaces de dar resultados necesitan estar certificados con todas las credenciales técnicas.

3. Posibilidad de auditar obras en proceso. ¿Para qué esperarnos a que una obra pública sea terminada para empezar a revisar el ejercicio del gasto? Al contrario, entre más rápido encontremos las irregularidades en el gasto público menos costoso será el remedio.

4. Transparencia desde que se concluye el informe. ¿De dónde sacan algunos congresos locales que ellos tienen que filtrar a la ciudadanía qué auditorías se conocen y cuáles no?

5. Auditor que finque responsabilidades directamente. Tampoco en esto hace falta la intermediación de los congresos; que además están acostumbrados a intercambiar favores: yo paso por alto aquel municipio, tu pásame por alto éste.

Si consideramos que en la mayor parte de las entidades federativas el ciudadano ejerce poco su derecho a acceder a la información pública, se vuelve indispensable que al menos la instancia especializada en auditar el gasto público lo haga con toda la fuerza y en un ambiente de absoluta transparencia.

De lo contrario: derecho a la información poco ejercido, más auditores locales sin dientes, igual a impunidad casi total.

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