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"Crónica de un negocio corrupto anunciado". Parafraseando a García Márquez, así podría titularse el relato de las irregularidades, prepotencia y obvia corrupción que ha rodeado el pretendido desarrollo inmobiliario "Tierra Mojada", ubicado en la Cuenca de El Ahogado, en los Municipios de El Salto y Tlajomulco.
La información aparecida en Público (13 y 14/12/06) que revela quién es y cómo opera, desde la Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Guadalajara, el prestanombres del empresario Ernesto Ramírez Godoy, es el eslabón que hacía falta para confirmar un rumor ampliamente comentado en Jalisco: dicho megadesarrollo cuyas ganancias podrían ser de 4 mil 250 millones de pesos, es uno de los pagos efectuados por el Gobernador con licencia Francisco Ramírez Acuña a este empresario por los favores recibidos, léase: haber financiado su campaña a la Gubernatura en el 2000 y haber aportado fuertes sumas a las de Emilio González y Felipe Calderón.
Que los empresarios financien campañas electorales no tiene nada de malo, siempre y cuando sea dentro de los límites establecidos por la ley. El problema es que aquí, en Japón, EU o Francia, pocos grandes empresarios lo hacen por una verdadera vocación democrática; la mayoría lo hace como una inversión arriesgada con grandes beneficios en caso de ser favorable el resultado. Y para no errarle, ahora los empresarios nacionales, si hay dos candidatos contrincantes con posibilidades, dan apoyos a ambos. La diferencia con los países con democracias más desarrolladas está en un sistema de contrapesos con acotaciones legales más transparentes.
El desaseo que ha caracterizado el asunto de "Tierra Mojada" y otros desarrollos inmobiliarios irregulares ha sido posible por dos motivos: uno, la forma en que los Gobiernos municipales han torcido el concepto de Municipio Libre cuya función, consagrada en la Constitución, permite a la Administración en turno disponer de bienes y recursos según criterio del Alcalde y los principales miembros del Ayuntamiento. Esto ha ocasionado que, por más sospechosas que sean las decisiones del Alcalde, los regidores o el secretario de gobierno, la autonomía municipal impide que los habitantes de esa localidad o los Poderes estatales puedan evitar fácilmente sus chuecuras.
El segundo motivo es la partidocracia que ahora nos gobierna. Gracias a que los partidos políticos (sobre todo el PRI) han impedido la reelección de Presidentes Municipales y legisladores, quienes buscan llegar a estos puestos tienen que hacer méritos con sus jefes políticos más que con los habitantes de los Municipios y distritos que desean, respectivamente, gobernar y representar. Y, una vez logrado su objetivo de ocupar un puesto de elección popular, su mayor preocupación es quedar bien posicionado en su partido para conseguir un nuevo puesto al término de su chamba de tres años. Eso, en vez de hacer un buen trabajo para que lo vuelvan a elegir.
Pero por lo visto, según información publicada ayer (MURAL, Comunidad) a los legisladores jaliscienses no sólo no les interesa buscar la manera de poner frenos a la corrupción municipal sin atentar contra su autonomía, sino que pretenden aumentar el poder de los partidos políticos restándole autoridad a los Presidentes Municipales. La reforma que hizo el Congreso la semana pasada contempla crear en los Municipios la figura de la Junta de Coordinación Política, donde tendrán presencia los coordinadores de cada fracción partidista y se tomarán las principales decisiones del Ayuntamiento. El Alcalde queda fuera de la misma. Así mismo, acota la facultad del Alcalde para proponer al pleno del Ayuntamiento el nombramiento de funcionarios como el secretario general, tesorero y contralor. En esta decisión también participan los coordinadores.
La responsabilidad de esta aberración es, al parecer, de dos diputados panistas quienes como chapulines brincarán de la actual Legislatura local a ocupar dos puestos importantes en el próximo Ayuntamiento tapatío: José María Martínez, quien se perfila para ser el coordinador de los regidores de su partido, y Alfredo Argüelles, a quien se menciona como posible titular de Desarrollo Social. No sería extraño que los hilos conductores de este nuevo intento de control partidista llevaran a la recién estrenada Secretaría de Gobernación.
Esta reforma, aunada al intento de los legisladores de reformar la Ley de Transparencia para evitar que los ciudadanos puedan tener acceso a las cuentas públicas de los Municipios antes de ser aprobadas por los legisladores, en vez de ayudar a un funcionamiento transparente y constructivo de los Ayuntamientos, los opacará todavía más. Buenos para criticar pero...
También es vergonzosa la negativa de los diputados federales del PRD y PRI a la propuesta de la diputada de Alternativa, Marina Arvizu, de rebajar 550 millones de pesos a la exorbitante cantidad que recibirán los ocho partidos políticos en 2007, aun sin ser año de elecciones, para asignarlos a la educación.
