La transparencia y sus dilemas por Jacqueline Peschard

Sin duda son muchos los avances que la transparencia y el acceso a la información pública han logrado en México en apenas ocho años de vigencia de la ley federal que los regula. La transparencia se ha convertido ya en un referente obligado de una gestión de gobierno que se quiere democrática, como la nuestra. No hay democracia sin transparencia del quehacer público.

Uno de los principales logros es que la Federación y las 32 entidades federativas cuentan ya con una ley en la materia y con órganos garantes para hacerla efectiva, lo cual ha sido producto tanto de la acción de la sociedad, como de la voluntad política del gobierno y los legisladores. Este círculo virtuoso llevó a que en 2007 se elevara a rango constitucional como un derecho fundamental, reconociendo el principio de máxima publicidad de la información pública, en cualquier instancia de poder y en los tres órdenes de gobierno.

Da cuenta de la socialización que ha alcanzado este derecho fundamental, en el ámbito federal, el crecimiento constante del número de solicitudes de información en el curso de estos años, de suerte que hoy en día se reciben tres veces más solicitudes que en el primer año de vigencia de la ley y la suma total rebasa ya las 550 mil. Además, las estadísticas del IFAI muestran que las dependencias y entidades del gobierno federal atienden regularmente las solicitudes de información, registrándose un 98% de acatamiento a sus resoluciones frente a quejas de los solicitantes.

Más allá de los datos cuantitativos, quizás el logro más significativo es que el modelo mexicano de transparencia y acceso a la información ha devenido en un paradigma para otros países, pues ha servido de ejemplo para Chile y Honduras y la OEA lo tuvo como referente para elaborar la Ley Modelo de Transparencia para Las Américas, aprobada en junio pasado, e incluso invitó al IFAI a formar parte del equipo redactor de la misma.

Pero el reconocimiento a los avances en México no se limita al marco normativo, sino que alcanza a la operación misma del ejercicio del derecho. Es algo todavía más amplio.

En su reciente visita a México, los Relatores para la libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un amplio reconocimiento a lo logrado por el Estado mexicano en materia de acceso a la información, destacando el papel ejemplar que ha jugado el IFAI en la protección del derecho y en el desarrollo de una cultura de la transparencia de las instituciones públicas.

Sin embargo, las conquistas no han sido lineales y, a la par que hay avances, se han generado resistencias e incluso oposiciones a que prospere la transparencia. Los servidores públicos atienden las solicitudes de información, pero consideran que los obligan a destinar tiempo y recursos públicos para satisfacer ocurrencias o antojos arbitrarios de los ciudadanos.

Es decir, no se ha logrado entender a la transparencia como parte intrínseca del quehacer público, que permite ordenar los procesos de toma de decisiones para hacerlos más eficaces y eficientes. Integrar y articular a la transparencia a la gestión pública cotidiana, o sea, construir una cultura de la transparencia, es quizás uno de los retos más urgentes en esta materia.

Lo más grave ahora es que esta inconformidad manifiesta ha llevado a algunos servidores públicos a buscar atajos legales y de procedimiento para no cumplir con las obligaciones de transparencia. Por ejemplo, han acudido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que anule las resoluciones del IFAI, que por ley son definitivas, o reforman otras leyes como el Código Federal de Procedimientos Penales para limitar la apertura informativa en el ámbito de la actividad del ministerio público.

Hay quienes pretenden, incluso, que exista un órgano que, a petición de las dependencias y entidades obligadas a la transparencia, controvierta las resoluciones del IFAI.

Los intentos de revertir los avances en transparencia tanto por la vía de los hechos, como por la de reformas legales son reacciones que derivan de una largamente concebida tradición de cultura de la opacidad que veía la información pública como patrimonio del funcionario que la elaboraba o la resguardaba.

Hoy en día, está claro y así está establecido en la ley y la Constitución, que los servidores públicos resguardan la información para que la población la conozca, la comprenda, la evalúe y, al final, la utilice como una herramienta en contra los abusos y arbitrariedades del poder.

El dilema de la transparencia hoy es que todos los actores involucrados la invocan porque hacerlo es políticamente correcto, pero muchos mantienen reservas y oposiciones inconfesables.

Por ello es necesario fortalecerla tanto jurídica como políticamente, a fin de que la transparencia se institucionalice como una práctica social extendida, no dependiente de la mera voluntad política de la administración o del servidor público en turno.

Comisionada presidenta del IFAI