Opacidad en las finanzas públicas de las entidades federativas por Gabriela Cuevas

La semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer el libro titulado La caja negra del gasto público (Índice de Competitividad Estatal 2010), en el cual se detallan diversos puntos de vista acerca de la situación y retos que enfrentan las finanzas públicas de las entidades del país.

En él se da cuenta de la falta de transparencia y, por ende, de rendición de cuentas en materia presupuestal. Se afirma que en nuestro país todavía hay opacidad en las finanzas, al grado que no es posible saber con certeza cuánto gastan los estados en sus servidores públicos, en sus maestros, ni en los empleados de sus poderes locales.

Este tema es de la mayor relevancia si consideramos que las entidades federativas han pasado de gastar una quinta parte del gasto presupuestal total a gastar el 46%, convirtiéndose en el nivel de gobierno que ejerce la mayor parte del mismo. A lo anterior se suma que cada entidad publicita su información de manera heterogénea, por lo que se puede afirmar que existen 32 formas distintas de ordenar los presupuestos y las cuentas públicas.

Uno de los ejemplos que mejor ilustran lo anterior es el de la nómina de los burócratas. Al analizar los datos que reportan los estados al INEGI sobre el porcentaje de gasto que destinan para el pago de nómina, el IMCO encontró una gran disparidad en la metodología utilizada: Mientras Michoacán sostiene que destina el 47% de su presupuesto total para cubrir los costos laborales de la burocracia, Hidalgo sólo le asigna oficialmente el 4% de su gasto. ¿Es posible que un estado gaste en nómina sólo el 4% de sus egresos y otro casi la mitad de éstos? Evidentemente no. Lo que sucede es que muchos estados han decidido reportar el salario de los empleados federalizados no como nómina de servidores públicos sino como Transferencias. Este es el caso de la nómina de maestros federalizados, trabajadores de la salud, policías, etc..

Además, se resalta que en la mayoría de las entidades la calidad y cantidad de la información contenida en sus presupuestos ha empeorado. Sin embargo, hay un grupo de estados que ha logrado publicar de manera gradual más información presupuestal, destacando los casos de Colima y Yucatán, los cuales han mejorado su calificación en 19 por ciento, mientras que la del Distrito Federal disminuyó en 17 por ciento.

Un ejemplo de los retrocesos que se han dado en la materia se evidencia en el Distrito Federal, entidad que para los años 2008 y 2009 incluía en su presupuesto de egresos un tabulador de sueldos de la Administración Pública, mismo que omitió para 2010.

En suma, los gobiernos estatales son las autoridades con mayor responsabilidad en el ejercicio del gasto público, y teniendo en cuenta que la transparencia es una premisa fundamental para el mejor desempeño y eficiencia en la ejecución del gasto, el mensaje central del estudio del IMCO es la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de las entidades de la república.

Durante la administración de Vicente Fox se aprobaron importantes reformas en materia de transparencia que representaron un gran avance en el derecho a la información. Sin embargo, el estudio del IMCO evidencia el desorden, la falta de transparencia que prevalece en varias entidades del país y la discrecionalidad con la que algunos gobernadores utilizan los recursos públicos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2011: una oportunidad para que todos los gobiernos rindan cuentas claras.

Una de las críticas más fuertes al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2010 fue la ausencia de mecanismos legales que obligaran la fiscalización de las participaciones federales que se envían a las entidades.

Mientras en el PEF 2010 se establecieron metas de austeridad y ahorro para el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios quedaron fuera de tales disposiciones.

No existen razones que puedan justificar la opacidad en la utilización de los recursos públicos, por ello, uno de los retos más importantes en la Cámara de Diputados será incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 y en la Ley de Coordinación Fiscal los mecanismos de transparencia, austeridad, fiscalización y auditoría que garanticen a los mexicanos que el ejercicio del gasto público que realizan las entidades federativas (y cualquier otro ente gubernamental) será utilizado y vigilado correctamente.

El libro se puede consultar en el vínculo: http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/PDFS/Lacajanegradelgastopublico.pdf