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En las democracias contemporáneas, las cortes constitucionales se han convertido en actores relevantes en la vida pública. En uno de sus roles más importantes y antiguos han contribuido a la interpretación y delimitación del contenido de los derechos. En otro, más reciente y menos desarrollado, funcionan como un equilibrio entre órdenes de gobierno y resuelven los más diversos conflictos políticos. Parafraseando a los clásicos, la salud de la res publica depende cada vez más de los fallos de los poderes judiciales.
Esto es relevante a la luz de un par de controversias que en materia de acceso a la información estamos viviendo en México. Una de ellas involucra a los institutos de transparencia y acceso a la información pública (tanto a nivel federal como al de las entidades federativas) y a los tribunales especializados en materia contencioso administrativa. Los primeros son, de acuerdo a la Constitución y a las propias leyes que les dan creación, los encargados de definir qué información es pública y qué información debe ser reservada para el conocimiento exclusivo del gobierno. Los segundos, por su parte, son órganos creados expresamente por la Constitución para resolver controversias entre la Administración Pública y los particulares.
La controversia entre ellos surgió después de que los tribunales de lo contencioso administrativo, o más específicamente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hayan tenido que disputarse con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública el carácter de órgano especializado en materia de transparencia (con todo lo que esto representa en carga laboral y rezagos judiciales).
Pero este Tribunal no es el único que sumara a su carga de trabajo las controversias sobre acceso a la información. En el estado de Campeche, la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información, a través de su artículo 74, faculta al Tribunal Superior de Justicia para revisar las resoluciones emitidas por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esa entidad. Ambos casos son emblemáticos, pues no sólo suman más trabajo a órganos rebasados en su carga laboral, sino expresan la falta de visión sistémica al duplicar funciones en los órganos de Estado (lo que es bastante lejano a la optimización de recursos públicos) y son contrarios a las mejores prácticas internacionales. Eso sin mencionar que de acuerdo a un amplio sector de académicos, servidores públicos y legisladores, son contrarios a la Constitución.
La importancia de ambos temas no es menor, y la relación entre ellos tampoco. En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si lo que ocurre en Campeche es inconstitucional por violar el artículo 6 de nuestra Carta Magna o si efectivamente, el Tribunal de Justicia Estatal debe ser competente para desarrollar esta actividad.
De ahí que además de resolver el caso concreto, la resolución de la Corte será crucial para la evolución del acceso a la información pública en México. Un fallo a favor de la inconstitucionalidad de dicho artículo evitaría el debilitamiento de los órganos encargados de garantizar la transparencia e impediría que las autoridades judiciales prolonguen innecesariamente los procedimientos de acceso a la información. Claramente, este escenario pone a la SCJN ante la posibilidad de hacer una interpretación amplia de los derechos que tenemos como ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de garantizar, promover y respetar.
En este contexto, un grupo amplio de instituciones académicas y organizaciones civiles organizamos el seminario El derecho de acceso a la información en México: riesgos y oportunidades, el 9 y 10 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La intención es generar un espacio de análisis plural e incluyente para revisar y enriquecer la discusión sobre el estado de la transparencia y el derecho de acceso a la información en México, así como recopilar propuestas de armonización legislativa, diseño institucional y procedimientos que favorezcan una protección amplia del derecho de acceso a la información.
El tema aquí es que todos los actores aquí involucrados coincidimos que con este fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una oportunidad única para pronunciarse a favor de la transparencia y de consolidar el Derecho de Acceso a la Información en nuestro país.
