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Actualmente el acceso y las condiciones de salud de los pueblos indígenas son dolorosamente inequitativas con respecto al resto de la población mexicana, pues persisten condiciones de indisponibilidad de bienes y servicios de salud para este grupo. Según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2005 el 29.5% de sus viviendas no disponían de agua entubada; el 44.4% carecía de drenaje, el 9.9% no contaba con energía eléctrica y el 38% aún tenía piso de tierra, condiciones que en su conjunto han derivado en la prevalencia de las enfermedades denominadas de la pobreza (como la tuberculosis, cólera, desnutrición y tracoma).
Ahora bien, a finales de marzo de este año, la directiva del Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por $1,250 millones de dólares destinado a apoyar el financiamiento del Seguro Popular (SP). El principal objetivo del préstamo plantea conservar y extender la cobertura del SP a la población sin seguridad social con especial énfasis en la integración de los indígenas. Para cumplir con esto se asignó más del 99% por ciento de los recursos, lo que significa que $1,240 millones de dólares serán invertidos para ampliación de la cobertura de este grupo en particular.
De este préstamo preocupan dos cuestiones. La primera es que éste se monta sobre la misma estructura financiera y operativa del SP, por lo que prevalecerán los problemas para identificar el impacto del gasto en la mejora de la salud de la población vulnerable. La segunda inquietud radica en las estrategias para integrar a los indígenas al programa. Si bien el BM acepta que existe un enorme rezago al respecto, las acciones que propone están mucho más encaminadas a cumplir la cuota de afiliación –cuestión que resulta políticamente más visible y rentable– que en resolver las carencias estructurales del sector que impiden un justo acceso de este grupo a bienes y servicios de salud.
De nada servirá que se ponga en marcha una campaña de difusión de los derechos de los afiliados y se redoblen esfuerzos para afiliar a los más de cinco millones de indígenas pendientes, si antes no existen las condiciones básicas que harán posible el acceso a la salud. Es en este sentido que exigimos al Secretario de Salud y al Comisionado del Seguro Popular que piensen cómo financiar y resolver cuestiones de fondo. Es decir, mientras no exista más personal médico que hable lenguas indígenas, se promocione la interacción del sistema tradicional de salud con el público, se provea de clínicas y hospitales en zonas indígenas de alta marginación y se suministre efectivamente de medicamentos, el gobierno no responderá a su obligación de cumplir de manera integral con el derecho a la salud de los pueblos indígenas.
Mariana Pérez Argüelles, investigadora en el Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
