¿Y los dientes del IFAI? por Lilia Saúl Rodríguez

A más de siete años de existir la Ley Federal de Transparencia, las más de 240 dependencias del Gobierno Federal se resisten a la entrega de los documentos que solicitan los ciudadanos.

La tendencia lo muestra: de acuerdo con los informes del mismo Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hay más de 250 amparos para no entregar la información solicitada y hay más de 30 juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en contra de las sentencias emitidas por el Instituto.

Del 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2008 se presentaron 234 amparos en contra de las resoluciones del Instituto. Y aunque el IFAI insiste en que sólo el 1.2 por ciento de las resoluciones han sido impugnadas mediante amparos, sólo en 2008 se interpusieron 40 de éstos.

La mayoría de los amparos se presentaron por particulares, aunque casi siempre se trataba de funcionarios del Gobierno Federal.

Tal fue el caso de Rodrigo Brand, actual Director de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes fue titular de la Unidad de Enlace del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y fue de los primeros funcionarios en ampararse para no entregar actas de la Junta de Gobierno del IPAB, argumentando el secreto bancario que protegía a la documentación.

De estos amparos interpuestos para no entregar información, hasta 2008, según cifras de este Instituto, 25 se resolvieron ya, y 16 fueron favorables al IFAI.

AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD

Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social del entonces gabinete del ex presidente Vicente Fox Quesada, fue de las primeras en usar la puerta trasera para retrasar la entrega de la información.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2004 interpuso una demanda de nulidad en contra de la resolución 37/04 dictada por el IFAI. Y aunque se desechó, el término para la entrega de la información se aplazó por varios meses.

La solicitud requería que la Sedesol entregara documentos con el desglose de viajes al extranjero y comprobantes de viáticos, además del número y nombres de los acompañantes en viajes hechos del primero de enero de 2001 hasta el 4 de diciembre de 2003.

También se pedía el presupuesto total de los recursos destinados exclusivamente a viajes nacionales y al extranjero en Sedesol durante los años fiscales 2001, 2002, y 2003.

Y aunque no tuvo éxito el retraso que ocasionó el juicio de nulidad presentado ante el Tribunal Federal Fiscal, el hecho hizo que se corriera la voz entre los funcionarios del Gobierno Federal, lo cual conllevó a que más dependencias intentaran llevar ahí sus casos.

Más tarde se presentaron cinco juicios de este tipo, pero interpuestos por particulares, otro más por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y el resto por entidades de la Administración Pública Federal.

Otra dependencia que se opondría a la entrega de la documentación fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hizo lo propio con demandas interpuestas en 2005 en contra de las resoluciones 1232/04 y 1233/04 emitidas por el IFAI.

Estas resoluciones tenían relación con el caso de Humberto Hernández Haddad, ex cónsul General de México en San Antonio, Texas, quien pidió copia certificada del oficio 355, el cual fue emitido en 1995.

Su petición fue desechada tantas veces que la Cancillería terminó por presentar su juicio ante el Tribunal, a pesar de que el IFAI ordenó la entrega de los documentos.

Otro caso fue el del Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica (INAOE), entidad que promovió en 2007 un juicio de nulidad contra la resolución del IFAI 2946/06, en el cual se solicitaba el expediente de un ex funcionario y cuyo caso igual se desechó.

Durante el 2008 se promovieron otros tantos juicios de nulidad, como la Secretaría de Gobernación contra la resolución al recurso 3919/07 (el cual no se encuentra aún disponible en el sitio de Internet del IFAI) y el INEGI contra la resolución al recurso de revisión 1559/08.

De las dependencias del Gobierno Federal, la que más ha presentado estos recursos ante el Tribunal ha sido la PGR, la cual se inconformó con las siguientes resoluciones: 1558/07, 2319/07, 2333/07, 2398/07, 2430/07, 2917/07, 3551/07, 42/08, 478/08, 696/08.

REQUIERE DIENTES LEY DE TRANSPARENCIA

La Ley Federal de Transparencia requiere de más dientes para que pueda sancionar a los funcionarios públicos que se nieguen a entregar la información que ordena el IFAI.

En ese tema han coincidido, entre otros, Mario Di Constanzo, diputado federal, uno de los primeros en solicitar información al IPAB.

Di Constanzo padeció la resistencia del IPAB cuando esta dependencia y sus funcionarios se ampararon para no entregar las actas de la Junta de Gobierno de este Instituto.

Recordó que fue un litigio de dos años, a pesar de que el IFAI ordenó la entrega de las actas. Y aunque los bancos, reconoció, estaban en su derecho de ampararse, los órganos de Gobierno no pueden hacerlo.

A mí no me extrañaba que se amparara Banamex o Bancomer. Pero el propio órgano del Estado, el IPAB, se estaba amparando para no entregar la información. Y por ello considera que es urgente ponerle dientes al IFAI.

Después de su lucha, Di Constanzo logró que el IPAB subiera toda la información a Internet.

PUNTOS

A principios de este año, se conoció de una supuesta propuesta que se enviaría de la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra vigente desde 2002.

La reforma buscaría que las resoluciones del IFAI fueran revisadas por un tribunal administrativo, demorando la obtención de una respuesta.

Después de pronunciamientos por parte de organizaciones sociales y de que Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI acudiera a la Secretaría de Gobernación, no se habló más de la propuesta.

ADVERTENCIAS

En 2005, Juan Pablo Guerrero Amparán, ex comisionado del IFAI, advirtió de los riesgos que conllevaría el hecho de darle la razón al Tribunal:

Supongamos que el Tribunal resuelve al final darle la razón a la Cancillería. A partir de entonces, cualquier dependencia y entidad recurriría al Tribunal ante una resolución aperturista del IFAI incómoda, a pesar de la claridad de la Ley Federal de Transparencia sobre la definitividad de sus resoluciones.