pelìcula de la impunidad por Juan E. Pardinas

Esta semana el periódico Excélsior difundió una serie de grabaciones del jefe de la campaña electoral del PRI en el estado de Veracruz. También se publicaron conversaciones del director de finanzas y del coordinador de propaganda musical del partido tricolor en aquella entidad. El problema es que el encargado de la estrategia, la lana y la música de la campaña del PRI, también es gobernador del estado. Los audios que contienen la elocuencia verbal de Fidel Herrera fueron obtenidos ilegalmente, por lo cual no se pueden considerar evidencia válida ante un juez. Las grabaciones sólo servirán como un golpe ante la opinión pública.

Los mexicanos ya vimos muchas veces esta película. Primero los medios de comunicación presentan testimonios contundentes de un acto ilegal a manos de un personaje público. Después, ciudadanos y periodistas derraman bilis ante las evidencias. En el anticlímax de la historia, las autoridades competentes se declaran incompetentes para usar las pruebas en un caso judicial. Al final, queda con la reputación abollada pero sin ninguna responsabilidad ante la justicia. Escoge al protagonista del cuento: Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz y ahora en su versión reloaded: Fidel Herrera. La estructura del guión es idéntica: el abuso de poder o un acto de corrupción flagrante termina en un despliegue de impunidad obscena.

¿Qué le ocurre al tejido de la sociedad después de ver esta película una docena de veces? ¿Qué percepción se forjan los mexicanos de sus instituciones? ¿Qué sinónimos nos vienen a la mente de conceptos como democracia, justicia u honestidad pública? ¿Con qué bálsamo nos inmunizamos del cinismo?

El secuestro de Diego Fernández de Cevallos ha significado una doble tragedia: una privada y otra colectiva. El drama íntimo es la catástrofe de un hombre y su familia que son víctimas de un crimen atroz, donde la vida humana se convierte en una ficha de intercambio. La otra tragedia es que un sector de la sociedad mexicana mira este secuestro como una versión de la justicia divina. Como la víctima no es un personaje simpático para determinado grupo ideológico se hacen chistes y pretextos para justificar la naturaleza del acto criminal. Los comentarios en Twitter e internet sobre este caso particular reflejan que algo anda mal en el alma de México: una masa de compatriotas mira el secuestro de una persona como un mecanismo aceptable para procurar justicia.

El economista de Harvard Benjamin Friedman escribió un libro de sociología con el título: Las consecuencias morales del crecimiento económico. La premisa del texto es que una economía vital y dinámica no sólo produce prosperidad material, sino también es el mejor cimiento de una sociedad abierta. Por el contrario, el estancamiento económico tiene consecuencias perversas sobre orden político y el espíritu de las naciones. Si usamos el argumento de Friedman para el contexto mexicano, la pregunta sería ¿cuáles son las consecuencias morales de la impunidad? ¿Cuáles son las señales que envía la ausencia de castigo? ¿Qué incentivos tiene un gobernador para limitar sus ambiciones en la plenitud del pinche poder?

Los audios de Fidel Herrera son evidencia fresca de un problema que ya era evidente. El poder de los gobernadores es un viaje al pasado que nos devuelve a los tiempos del viejo presidencialismo mexicano. El rasgo más elocuente del viejo sistema político era la impunidad y la nula rendición de cuentas del poder presidencial. El nuevo desafío en la construcción de la democracia mexicana es limitar el poder de los gobernadores a las fronteras que impone la ley. Si Fidel Herrera o Mario Marín no rinden cuentas de sus actos ante la justicia es un problema de las instituciones. Si el PRI gana las elecciones en Puebla, Oaxaca y Veracruz, el problema somos los ciudadanos. Nosotros, los propios votantes, estaremos validando el imperio de la impunidad. Con nuestro voto seremos los productores de la próxima secuela de esta película.