Para ganar la batalla a la corrupción por Carlos Medina

La corrupción es una práctica que no sólo ha lastimado la fortaleza de las instituciones, sino que ha sido un factor determinante en la profundización de la pobreza y la desigualdad social en México.

Recientemente, Transparencia Internacional dio a conocer el Barómetro Global de Corrupción 2006, en el cual nuestro país es exhibido como el campeón latino del soborno, un nada honroso primer lugar que comparte con Bolivia.

Es obvio que el sondeo revela una marcada influencia de los escándalos de corrupción en la percepción de los encuestados, pero también refleja la profunda desconfianza social en las instituciones y cierto cinismo ciudadano, actor principal en cualquier historia de corrupción y deshonestidad.

Las imágenes del "señor de las ligas", que recorrieron el mundo en 2004, y el presunto financiamiento del gobierno de Cuba a la campaña electoral de Hugo Chávez son, por ejemplo, las aportaciones que México y Venezuela han hecho a la cleptocracia.

En uno y otro caso, la amplia difusión de la desvergüenza afectó el esfuerzo gubernamental por combatir la corrupción y alteró cualquier estrategia encaminada a desenraizar las viejas prácticas de cochupo. Por ello, no resulta sorprendente que en el Barómetro aparezca un 27% de ciudadanos decepcionados por la ineficacia de los gobernantes para abatir los actos deshonestos.

Naturalmente, la denuncia pública era imprescindible, no hay duda, pero también era necesaria la acción correctiva, castigos ejemplares que nunca ocurrieron. La prueba está en que René Bejarano no sólo se libró de pisar la cárcel, sino que sigue operando a su clientela electoral a favor del PRD.

En el aspecto institucional, las revelaciones no pueden ser más desalentadoras. El desencanto social se ha convertido en rechazo contundente a la clase política, al punto extremo en que la democracia resulta ya un valor prescindible para el 54% de los mexicanos, quienes admiten cierta nostalgia por el autoritarismo.

Este desprestigio también lo comparten los legisladores y los cuerpos policiacos. El Latinobarómetro destaca que uno de cada tres latinoamericanos admite haber participado en actos de corrupción durante su contacto con los policías, con porcentajes altos en Bolivia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

Sin embargo, un elemento a todas luces preocupante del Barómetro de Corrupción 2006 es el desinterés ciudadano en erradicar las prácticas de corrupción de su vida diaria. Justifican la mordida al policía de tránsito que los detuvo por pasarse el semáforo en rojo, bajo el argumento de que es la única manera de evitar la multa y facilitar trámites, sin considerar que el ahorro de tiempo y dinero habría empezado respetando las señales viales.

Es cierto que los gobiernos impulsan la corrupción de múltiples formas, casi siempre con el establecimiento de reglas complicadas que son perfectamente aprovechadas por los funcionarios para sacar ventaja de sus facultades y dar el visto bueno o rechazar algún trámite.

Pero también es cierto que en la lucha contra la corrupción, uno de los factores determinantes para alcanzar el éxito es la colaboración decidida de la ciudadanía. Las prácticas deshonestas no se pueden eliminar por decreto. No. Ganarle la batalla al soborno debe ser resultado de un cambio cultural.

Si queremos lograr la democracia social, abatir los índices de pobreza y desigualdad, es necesario romper con el círculo de la culpa compartida y sancionar legal y moralmente a los políticos corruptos, pero también a los ciudadanos corruptos. -- México, D.F.

carlos.medina@bnimexico.com