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Las elecciones de principios de mes en el Reino Unido arrojaron un resultado histórico: ningún partido obtuvo mayoría, y se formó el primer gobierno de coalición en 65 años.
El nuevo gobierno representa la primera coalición conservadora-liberal-demócrata de la historia del país.
David Cameron se convirtió en el primer ministro más joven en 200 años, y el partido laborista perdió el poder después de poco más de una década.
Existen muchas razones por las cuales el electorado británico decidió no darle la mayoría en las urnas a un partido, y que explican el revés sufrido por los laboristas. Además de los problemas económicos, la desigualdad que se ha agudizado en los últimos años y la impopular guerra en Irak, lo que más repercutió en el ánimo de los electores fueron los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos miembros del partido laborista, varios ministros del gobierno de Gordon Brown, y más de 300 parlamentarios.
Sin duda alguna, un factor decisivo en la elección fueron los excesivos gastos y desvío de fondos en el que incurrieron parlamentarios británicos y que fueron puestos al descubierto por los diarios The Telegraph y The Guardian. Este último publicó en su página de Internet las facturas de los gastos de los diputados del Reino Unido, evidenciando corrupción en más de la mitad de los 650 miembros que conforman la Cámara de los Comunes. Ningún partido político estuvo a salvo.
Obtener estos documentos implicó un largo proceso que puso a prueba los sistemas de acceso a la información británicos.
La Ley de Libertad de Información del Reino Unido (FOIA, por sus siglas en inglés) fue aprobada en 2000 y entró en vigor hasta 2005, para dar oportunidad a las dependencias de hacer los ajustes necesarios que les permitiesen tramitar las solicitudes. El Reino Unido cuenta con un Comisionado de Información que monitorea y resuelve quejas, de manera similar a como ocurre en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México.
Recién entrada en vigor la Ley, un par de periodistas y una especialista en derecho a la información solicitaron documentos del apoyo para costos adicionales que reciben los parlamentarios cuando se encuentran fuera de su lugar de residencia, y que puede ascender hasta 415 mil pesos (£22 mil 111).
Después de no obtener respuesta alguna, el caso fue turnado al Comisionado de Información, quien en junio de 2007 ordenó la entrega de los documentos; sin embargo, hubo una rotunda negativa por parte de la Cámara de los Comunes, que inclusive había aprobado una enmienda que los exentaba de la Ley de Libertad de Información, posteriormente invalidada por la Cámara Alta.
En febrero de 2008 un tribunal otorgó acceso a los gastos de 14 parlamentarios; los legisladores apelaron la decisión y se postergó de nuevo la entrega de la información.
Un año después, en enero, varios parlamentarios intentaron excluirse de la Ley… otra vez sin éxito. La Cámara de los Comunes finalmente anunció que en junio de 2009 la información relacionada a los gastos sería dada a conocer y se reservarían datos sensibles.
Empero, antes de esa fecha los documentos fueron filtrados íntegros al diario The Telegraph. Finalmente, en junio, la Cámara Baja acató sus obligaciones de transparencia y subió a su página de Internet versiones públicas de documentos generados de 2004 a 2008.
Aunque la primicia la obtuvo otro diario, The Guardian llamó a sus lectores a fiscalizar las facturas difundidas gracias a la Ley de Libertad de Información; el periódico colocó en su página de Internet poco más de 450 mil páginas, y estableció un sistema mediante el cual los lectores podían revisar los documentos y señalar gastos que consideraban indebidos, y por tanto ameritaban una mayor investigación.
¿Qué ocultaban los miembros de la Cámara de los Comunes? Los periodistas británicos y el ejército de ciudadanos encontraron excesos pequeños y grandes, a cuenta del erario, entre estos:
Un parlamentario conservador pagaba alrededor de 200 mil pesos al año a su hijo por ser su asistente de investigación; se concluyó que no había pruebas de que alguna vez el asistente hubiera hecho trabajo alguno.
Pagos por casi 200 mil pesos a la nana que empleaba una parlamentaria del partido conservador.
Pagos de hipotecas por más de 800 mil pesos al año.
Remodelaciones de casas y departamentos, además de su decoración: se encontraron facturas por artículos desde sanitarios y camas de masaje hasta televisores de plasma; un parlamentario inclusive pagó la instalación de una reja de seguridad y cámaras de circuito cerrado que costaron a los contribuyentes poco más de 330 mil pesos. Gastos por el mantenimiento de residencias -costos relacionados a jardinería, reparación de piscinas y canchas de tenis, limpieza, entre otros.
El escándalo resultó en la renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes y en la de de seis ministros. Hasta ahora los parlamentarios han devuelto alrededor de 9 millones de pesos; tres diputados laboristas y un lord conservador enfrentan cargos ante tribunales, y se espera se presenten cargos contra otros más.
Los medios han continuado el escrutinio de los gastos de los parlamentarios, enfrentándose de nuevo a excusas para retrasar el acceso a información; The Telegraph solicitó el año pasado documentos sobre los adeudos que tienen los diputados por concepto de alimentos y bebidas consumidos en Westminster -que ascienden a casi 2 millones y medio de pesos-.
La Cámara de los Comunes respondió que darían a conocer la información hasta después de las elecciones.
Ante negativas como éstas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la oficina del Comisionado de Información se han pronunciado por reforzar la Ley de Libertad de Información para dar a la ciudadanía herramientas eficaces para fiscalizar el uso de recursos públicos.
No cabe duda que en todos lados se cuecen habas…
¡Nos leemos el próximo miércoles!
P.D. Saludos y buen viaje a los Coordinadores Estatales y amigos de México Infórmate que se reunirán esta semana en Monterrey.
