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Consultas, ponencias y editorial de trabajo
Nada indica que el segundo periodo (2010-2014) para el que fueron reelectos los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro) vaya a ser mejor que el primero. Percibimos las mismas líneas de trabajo, la burocratización de su funcionamiento, la falta de estrategias y una evidente carencia de iniciativa para proponer la agenda de la transparencia en el estado, y esto muy poco ayudará a que salgamos de los últimos lugares en la materia. En éste y el siguiente artículo expondremos varios argumentos al respecto.
1. La Caipegro difunde nuevamente en su cuarto informe de labores, cifras de dudosa veracidad referentes al número de solicitudes de información que presenta la ciudadanía ante las dependencias públicas. Y lo resaltamos porque es éste, el de las solicitudes de información, uno de los indicadores más objetivos para conocer cómo andamos en el ejercicio de este derecho.
Hace dos años, denunciamos en este espacio que la Comisión presentó un sobre registro de solicitudes, particularmente de los ayuntamientos, y comprobamos que la mayor parte de éstas correspondían en realidad a solicitudes de obras, o de empleo o de cualquier otra cosa, menos de información.
En su más reciente informe, la Caipegro hizo lo mismo. Dice que durante 2009 en todo el estado se registraron 3,453 solicitudes de información. Pero lo extraño es que casi la mitad de ellas (1,719) tuvieron lugar en el ayuntamiento de Azoyú (un pequeño municipio costachiquense de apenas 13,500 habitantes). Si la cifra que da como válida la Caipegro fuese cierta, esto significaría que la cuarta parte de la población mayor de 18 años presentó una solicitud de información en 2009, lo cual no sucede en ningún país, por más transparente y democrático que éste sea.
La Caipegro publica también que en el ayuntamiento de Acapulco se registraron 1,021 solicitudes de información; así, en ambos ayuntamientos, Azoyú y Acapulco, se tiene un porcentaje de 80% del total de solicitudes del estado.
Esto parece poco verosímil porque la realidad del estado es otra: en las oficinas de los tres poderes del estado –que llevan un registro más exacto de las solicitudes- se presentó la pobre cantidad de 216 solicitudes de información en 2009 (162 en el Ejecutivo, 28 en el Congreso del Estado, y 26 en el Tribunal Superior de Justicia) que representan apenas 12.5% de las que, dice la Caipegro, se presentaron en Azoyú. Abismal diferencia.
En Guerrero, contabilizar las solicitudes de información cada vez más se convierte en oficio de alquimistas. Presentar cifras infladas, sólo para aparentar que avanzamos hacia la transparencia en el estado, no ayuda en nada a mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Este tipo de discurso lo podemos esperar de cualquier dependencia de gobierno, pero no de un órgano autónomo como es la Caipegro.
2. Uno de los errores de la Caipegro -que presenta como una acción sustantiva de su quehacer-, es apostarle a los convenios de colaboración con las dependencias públicas; a la fecha continúa firmándolos a sabiendas de que no aportan nada. Éstos han sido simplemente actos protocolarios, buenos para la foto, pero en los que no hay acciones específicas de ninguna de las dos partes para beneficiar a la transparencia; es más, sabemos de dependencias públicas que han firmado pomposamente estos convenios y han obstaculizado el ejercicio de acceso a la información.
Solo para ilustrar lo anterior mencionaremos a dos ayuntamientos, con quienes se firmó convenio de colaboración en 2009: Chilapa de Alvarez, que en el propio informe de la Caipegro registra siete quejas de ciudadanos por negarse a proporcionar información; y Chilpancingo, en contra de cuyo ayuntamiento se presentaron dos quejas. ¿Para qué firmar convenios, si en los hechos las dependencias públicas buscarán obstaculizar la información?
