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El derecho de acceso a la información (DAI) es un derecho en desarrollo y que en México por momentos agoniza. Es un derecho que es atacado constantemente por las autoridades gubernamentales y cuyo peor enemigo sigue siendo la cultura de la opacidad en los gobiernos, quienes piensan que la información pública les pertenece. La cultura de la opacidad descansa en la corrupción, en los tratos fuera de la ley, en el desvío del dinero público, en la impunidad y prebendas políticas. A pesar del desarrollo normativo (en México hay 33 leyes del DAI), los desafíos para garantizarlo siguen siendo diversos e importantes. Un claro ejemplo que podemos señalar es la heterogeneidad en el contenido de las distintas legislaciones en el país. Dependiendo de en cual estado vivas, depende de tu garantía de ejercer el DAI. El día 29 de abril, Artículo 19 y Fundar, publicaron Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (www.checatuley.org).
El Índice es un instrumento de medición que permite comparar las legislaciones que tutelan el DAI y muestra el grado de desarrollo individual de cada legislación y su congruencia interna, sus tendencias y rezagos, así como la incorporación de garantías constitucionales. El Índice hace dos tipos de evaluaciones de las legislaciones locales, una en relación con la Constitución Política (Índice Base) y la otra con principios y mejores prácticas internacionales (Índice de Progresividad). Los resultados se dan en un rango de 0 a 1.
El Índice Base da resultados desalentadores: 17 de las 32 legislaciones están reprobadas, es decir, no cumplen con la Constitución. Los estados peor calificados son Baja California (0.45), Querétaro (0.44), Baja California Sur (0.43), y Guerrero (0.36). Los estados con las mejores calificaciones son el DF (0.89), Chihuahua (0.76), Nuevo León (0.74) y Morelos (0.73). El Índice de Progresividad muestra que sólo 9 leyes tienen nota aprobatoria. Las leyes con calificación fueron DF (0.83), San Luís Potosí (0.71), Veracruz (0.71) y Chihuahua (0.68). Las peores calificadas Guerrero (0.32), Baja California Sur (0.39), Querétaro (0.40) y Baja California (0.41).
La ley Federal se sitúa por encima del promedio nacional en relación con el Índice Base con un resultado de 0.65 y de 0.55 en relación con el Índice de Progresividad. Una de las grandes carencias de la Ley Federal es en relación con los sujetos obligados dejando fuera sujetos que usan millones de pesos del erario público, como son partidos políticos y sindicatos. Escapa cualquier razón lógica por qué dichos sujetos no transparentan e informan a la sociedad sobre el uso de dichos recursos. El caso contrario es la ley del DF la cual sí incorpora como sujetos obligados a los partidos políticos y a los sindicatos cuando reciben recursos públicos. Resulta paradójico que el Poder Legislativo Federal se esconda en prácticas opacas a la hora de transparentar el uso de los recursos de las bancadas y, por decisión política, se mantiene fuera de la Ley Federal de transparencia.
El Índice nos confirma que no toda la población nacional tiene el mismo acceso al derecho de conocer la información pública. Nos vuelve a señalar que hay ciudadanos de primera y de segunda al clarificar que la población de Guerrero o Querétaro tienen menos derechos que la población del DF o Chihuahua, a pesar que la Constitución garantiza el principio de igualdad. Después de siete años de un desarrollo vertiginoso del DAI, resulta necesario hacer un alto en el camino y analizar el marco normativo que tutela el derecho y que es el piso fundamental para construir una cultura de la transparencia que fortalezca la democracia. El Índice busca eso, evidenciar que el desarrollo del derecho no ha cumplido ni con las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, pone de relieve que no hay partido político que se pueda erigir como un partido comprometido con el derecho de acceso a la información pública. El caso del PRD resulta esquizofrénico ya que gobierna la entidad mejor calificada y la peor.
La transparencia es el oxígeno de toda sociedad. No podemos afirmar tener un régimen de avanzada en términos del DAI cuando hay ejemplos de leyes que son francos retrocesos, y nos son pocos. La sociedad necesita estar informada, los resultados del Índice señalan que hay poco oxígeno y que debemos, como ciudadanía, presionar a aquellos legisladores que se regocijan en una cultura de opacidad. Para eso votamos.
