El Congreso del Estado ¿promotor de la transparencia? por Marcos Méndez Lara

En Guerrero, el Congreso del Estado no ha sido un factor que contribuya o facilite la transparencia ni a la rendición de cuentas en la entidad. Pese al discurso de sus representantes, la mayoría de los diputados, lejos de abanderar las aspiraciones democráticas de miles de guerrerenses que votaron por ellos, encabeza una regresión a los pocos avances que se habían obtenido en la materia.

Por omisión, por ominosos acuerdos o siguiendo una campaña orquestada, los diputados de la anterior y la actual legislaturas le han apostado a la opacidad no sólo de sus propias acciones como representantes populares y como órgano legislativo, sino a la turbiedad de todas las dependencias y entidades públicas del estado.

1. El proceso de aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Laipegro) en 2005 fue grotesco, rápido, sin análisis y sin la participación de nadie que no fueran los propios diputados de la LVII Legislatura. No se necesita mayor explicación de por qué la ley que nos rige es una de las peores del país.

2. El Congreso del Estado no ha sido ejemplo de transparencia en el estado. Su portal electrónico no contiene ni siquiera la información obligatoria que establece la ley (por cierto, en estos días por enésima vez su portal está fuera de circulación); niega información básica sobre su funcionamiento, y a veces es necesario poner un recurso de queja ante la Comisión para el Acceso a la Información del Estado de Guerrero (Caipegro) para que la entregue.

3. Este febrero se cumplieron 19 meses de que el órgano legislativo debió modificar la ley de acceso a la información actual o crear una nueva para adecuarla a los principios del sexto constitucional. No se hizo, y desde el 15 de febrero, los diputados locales están en receso.

4. Varias organizaciones sociales y de la sociedad civil convocaron a una mesa redonda, el 23 de junio de 2009, precisamente para contribuir con propuestas pero también para empujar la aprobación de una nueva ley, que aparentemente, ya se cocinaba. En esa ocasión, los diputados hicieron compromisos públicos y ofrecieron la realización de un foro de consulta para enriquecer la propuesta que ya analizaban. El foro nunca fue convocado.

5. El 28 de septiembre de 2009, en un evento también convocado por las organizaciones para recordar el Día Internacional del Derecho a Saber, los diputados ya no mencionaron la realización del foro de consulta, pero aseguraron que la ley sería presentada para su aprobación antes del 15 de octubre de 2009. Seguimos esperando.

6. En el último bimestre del año, del Congreso del Estado salió la especie de que los nuevos integrantes de la Caipegro serían elegidos de acuerdo con criterios de una nueva ley, y esto quería decir que dicha ley sería aprobada antes de diciembre de 2009 para poder publicar la convocatoria en tiempo. Sobra decir que ni lo uno ni lo otro se realizó.

7. La convocatoria para la elección de los comisionados de la Caipegro finalmente se publicó con base en la todavía vigente Laipegro.

8. Aunque se afirme que los diputados decidieron libremente la reelección de los comisionados, es claro que hubo un acuerdo político sin que a la fecha se haya hecho público ni estén claros sus propósitos. Casi una treintena de legisladores tomaron la decisión (estamos esperando la difusión del diario de debates, para saber quiénes fueron y cuáles fueron sus argumentos) y no quisieron escuchar la opinión casi generalizada que apuntaba al relevo de los comisionados.

9. El 15 de febrero terminó el periodo ordinario de sesiones y el dictamen de la nueva ley nunca se presentó.

10. ¿Qué sigue? ¿Se cocina una propuesta acotada, regresiva, en el siguiente periodo de sesiones? ¿Se está preparando el camino para el regreso de un viejo régimen que no rinda cuentas a nadie?

Ante la falta de información, tenemos derecho a la especulación.