El cemento de la alianza por Juan E. Pardinas

El PAN y el PRD han decidido meterse juntos a la cama con el afán de procrear una familia de candidaturas comunes para varias gubernaturas estatales. En el pasado, estos ayuntamientos entre la derecha y la izquierda mexicanas han generado alianzas electorales, pero no han logrado construir coaliciones funcionales de gobierno. Si el candidato azul-amarillo triunfa en las urnas, el gobernador electo se monta sobre la estructura de un solo partido político y olvida a sus demás aliados a la hora de formar su equipo de trabajo. Es relativamente fácil construir una alianza electoral cuando existe una clara meta común: derrotar al PRI. En cambio, al llegar al poder, hay una serie de intereses y objetivos contrapuestos que hacen mucho más complicado el ejercicio cotidiano de un gobierno de coalición.

Los candidatos de las coaliciones PAN-PRD deberán tener reglas de vocabulario muy estrictas, con un diccionario de palabras prohibidas: aborto, eutanasia, matrimonios gay, etcétera. El simple enunciado de alguno de estos vocablos podría cuartear el frágil engrudo que mantiene unidas las alianzas. Sin embargo, en Oaxaca, hay una palabra que puede funcionar como cemento de esta coalición electoral e incluso como piedra de toque para un eventual gobierno: transparencia.

Ulises Ruiz encabeza uno de los gobiernos estatales más opacos del país. Donde hay opacidad es muy probable que haya corrupción. En Oaxaca, la rendición de cuentas es un concepto teórico, sin ninguna aplicación empírica. Como muestra hay un cajón de botones, pero vamos a elegir uno sólo: Rosa Lizbeth Caña Cadeza es la titular de la Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Congreso encargado de auditar las cuentas del gobierno estatal y los 570 municipios de la entidad. Antes de ser auditora superior, Caña Cadeza fue procuradora general del estado y ex candidata a diputada por la alianza del PRI-PVEM. Imagina por un instante el terremoto político que hubiera ocurrido a nivel nacional si Felipe Calderón hubiera impuesto a un ex procurador o militante panista como auditor superior de la Federación. Lo que a nivel federal resultaría un escándalo, en Oaxaca es la normalidad autoritaria.

En agosto de 2006, durante el conflicto con la APPO, una turba entró al edificio del Congreso local y convenientemente destruyó toda la comprobación de los gastos de 114 gobiernos municipales durante el ejercicio presupuestal de 2005. Ni el Congreso ni los gobiernos municipales tenían copia de la documentación. Jamás se pudo auditar el uso de ese dinero. El Índice de Información Presupuestal del IMCO pone a Oaxaca en el penúltimo lugar nacional en 2008 y 2009. En estos años el presupuesto oaxaqueño no desglosó el dinero asignado a la Auditoría Superior, el órgano electoral, el instituto de transparencia o la comisión estatal de derechos humanos. Tampoco es posible conocer el número de trabajadores que laboran en la administración pública oaxaqueña, el tabulador de salarios de los funcionarios del estado o las transferencias financieras para organismos de la sociedad civil.

El presupuesto tampoco establece criterios para administrar y transparentar los ingresos excedentes que recibió el estado por el aumento en los precios del petróleo. Entre 2006 y 2008, Oaxaca recibió 23 mil millones de pesos de ingresos excedentes. Esta cifra equivale al presupuesto total del estado de Colima por tres años y cinco meses. La ex procuradora Caña Cadeza es la autoridad encargada de vigilar que su ex jefe Ulises Ruiz haya utilizado esa montaña de dinero en beneficio del pueblo oaxaqueño.

El candidato Gabino Cué podría firmar un compromiso público de transformar a Oaxaca en uno de los estados más transparentes del país. No se requiere descubrir el hilo negro, sólo poner en práctica ideas y criterios que ya funcionan en otras entidades de la República. Sería muy positivo que las alianzas PAN-PRD tuvieran objetivos más ambiciosos y menos mundanos que simplemente llegar al poder.