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Difundir los resultados de la revisión de las cuentas públicas de las dependencias de gobierno y organismos públicos autónomos, puede convertirse en una valiosa herramienta para la legitimación del trabajo que realiza al Auditoría General del Estado, y de mucha utilidad para la ciudadanía.
Hasta hace algunos meses, muy poca información útil podía encontrarse en el portal de esta entidad fiscalizadora. Hoy pueden revisarse algunos datos relevantes que, la hacerse del conocimiento de todos, por lo menos evidencian a quienes infringen los procedimientos para la fiscalización.
Entre la información interesante, se encuentra la relación de ayuntamientos que cumplieron en el plazo legal con la presentación de su informe financiero cuatrimestral, así como los que fueron aceptados o rechazados después de la revisión; asimismo, información sobre las dependencias sancionadas y el tipo de castigo que se les aplicó.
Respecto de la información sobre el funcionamiento interno de la propia AGE, sobresale aquella que se refiere al tabulador salarial, la descripción de las funciones de la institución, su programa operativo anual y sobre los servicios que ofrece.
Sin embargo, hay todavía muchos lados oscuros, que por cierto derivaron hace algunos meses en un escándalo público por la poca claridad en el manejo de sus finanzas internas. La AGE no publica, por ejemplo, el presupuesto asignado ni los correspondientes informes sobre su ejecución; tampoco el resultado de las auditorías que le han aplicado ni información sobre licitaciones, entre otros datos.
Por ser la institución fiscalizadora en el estado de Guerrero, la AGE requiere de una página web, además de bien diseñada, que contenga información relevante y útil para los ciudadanos; tal como está, sólo atiza la sospechas y contribuye a que siga siendo el centro de la suspicacia.
En cuanto al portal del Ejecutivo del estado, hay una intención de que todas las secretarías y entidades del sector paraestatal cumplan con la difusión de la información pública obligatoria que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Guerrero.
Lo que se observa en primera instancia es un resultado desigual, algunas dependencias publican información más completa que otras, y no hay uniformidad en los criterios para la presentación de datos. También prevalece la descatualización y en algunas ocasiones la inaccesibilidad por la densidad de los archivos.
Como en casi todos los casos que revisamos, es notable la ausencia de información sobre el presupuesto y los informes de ejecución de acciones, la presentación de cuentas públicas y las licitaciones. Cabe mencionar sin embargo, que para revisar este tipo de información las secretarías del gobierno del estado remiten a la página de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Vale la pena revisar una liga electrónica de la página de la Sefina denominada Transparencia Fiscal. De manera general, se puede comentar que cuenta con datos globales para hacer un monitoreo y seguimiento al ejercicio de los recursos. Por ejemplo, está publicada la cuenta pública (el último dato que aparece es del cuatrimestre de mayo- agosto, información sobre licitaciones, adquisiciones y obra pública (aunque no aparecen quién ganó dichas licitaciones ni montos, ni nada), y estadísticas interesantes sobre el gasto público que permiten hacer comparaciones con años anteriores.
Y respecto de los indicadores de gestión, parte medular que requiere la ciudadanía para conocer y evaluar el desempeño de sus gobernantes, se comenta que a la fecha se han generado 309 indicadores en las dependencias del gobierno del estado, pero aún no están disponibles al público.
Es urgente que se den a conocer públicamente dichos indicadores, y que además las dependencias que no los tienen, los elaboren de inmediato, pues es una obligación que desde hace dos años se estableció en el artículo sexto de la Constitución. Es claro que los indicadores no son para consumo interno de las dependencias, quizás se conviertan en el principal referente que tendrá el ciudadano para el seguimiento de las acciones de gobierno.
