Transparencia: un balance sexenal por Ernesto Villanueva

En la edición anterior de Proceso (1568) Jesús Cantú elaboró un análisis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y Jenaro Villamil una nota sobre el mismo tema. Hay puntos con los que cualquiera puede coincidir. Hay otros, en cambio, acerca de los cuales valdría la pena hacer algunas precisiones para conocimiento del público. Vayamos por partes.

Primero. La LFTAIPG no es ?como bien lo apunta Jenaro? una obra de Vicente Fox. Por el contrario, esa pieza legislativa es producto del trabajo de un grupo de académicos y activistas identificados como el Grupo Oaxaca en negociación con el gobierno. En efecto, en la última semana de febrero de 2001, la entonces Secodam ?hoy Secretaría de la Función Pública? filtró un proyecto de Ley de Acceso con 37 artículos y cinco transitorios a algunos medios de comunicación para medir el clima de opinión sobre esa idea. En el documento se puede advertir la ausencia de órgano garante; los sujetos obligados a informar estaban restringidos sólo a las dependencias y entidades de la administración pública federal y, como una pieza de la opacidad del gobierno foxista, se señalaba en el último párrafo del artículo 8 del proyecto que, además de las excepciones previstas en la ley, "el titular del Ejecutivo Federal podrá determinar casos adicionales de excepción , respecto de los que no podrá brindarse acceso a la información, en cuyo caso deberá fundarse y motivarse debidamente la determinación y publicarse en el Diario Oficial de la Federación". Días antes, el 19 de febrero del 2001, Francisco Barrio, titular de la entonces Secodam, anunció que "en año y medio" la dependencia a su cargo "estaría en condiciones de impulsar" la Ley de Acceso a la Información. Esas declaraciones y ese proyecto de opacidad legislativa del gobierno foxista generó la creación del Grupo Oaxaca.

Segundo. Poco a poco se empezaron a alzar voces contra el proyecto de opacidad de Fox. El 25 de marzo la Secretaría de Gobernación retomó la iniciativa y refutó el año y medio de Barrio, para ajustarlo a "unas semanas". El 24 de mayo de 2001 se creó el Grupo Oaxaca en la ciudad del mismo nombre en el marco de una conferencia internacional. En esa ocasión se dio a conocer un decálogo con los puntos mínimos que debería tener una ley de acceso, el cual fue publicado en lo que se llamó la Declaración de Oaxaca y reproducido por la prensa nacional el 25 de mayo del 2001. Ahí empezó en forma sistemática la presión al gobierno foxista para aprobar no sólo una ley de acceso, sino una buena ley. El 27 de agosto del 2001, Barrio volvió a las andadas y mantuvo su tesis de los dos años "para estar en condiciones" de legislar sobre la materia, lo que se percibió como una pugna intersecretarial.

Tercero. La intervención del jurista Sergio López Ayllón ?ahora académico del CIDE? como coordinador de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria elevó el debate y empezó a existir un ánimo ?por lo menos en un sector del gobierno? por la apertura. En efecto, el documento interno de trabajo, fechado en julio del 2001 por el Grupo Intersecretarial de Trabajo y que retoma buena parte de las demandas de la sociedad organizada, representa un cambio positivo en relación con el primer proyecto de Fox encomendado a la entonces Secodam. En ese documento ya se acepta la idea de un órgano garante y se amplía el acceso a otros sujetos obligados distintos a la administración pública federal. El 10 de octubre de 2001 el gobierno foxista realizó su Foro de Consulta sobre el tema, que fue desairado por la sociedad, como lo ponen de relieve las notas de la prensa nacional de esos días.

Cuarto. El 30 de noviembre de 2001 el presidente Fox presentó su iniciativa sobre la materia y el Grupo Oaxaca logró que el 5 de diciembre todas las fracciones parlamentarias, salvo el PAN, hicieran suyo su proyecto de ley para elevarlo a rango de iniciativa. Después de un largo y novedoso proceso de negociación parlamentaria, en el que efectivamente Jorge Islas y Juan Francisco Escobedo tuvieron un papel central, el 30 de abril de 2002 ?el último día de sesiones? se aprobó por unanimidad la LFTAIPG. Fue la mejor ley que las circunstancias hicieron posible. Se logró ampliar los sujetos obligados a informar, se eliminó la discrecionalidad presidencial para clasificar información como reservada, se creó la figura de la "no objeción" (que no ratificación, que hubiera requerido una reforma constitucional necesariamente) para los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y se le dotó a este órgano de autonomía legal por mandato de ley y de un acuerdo presidencial posterior, a efecto de que no estuviera sectorizado en la Secretaría de la Función Pública. Por supuesto, toda ley como obra humana es mejorable. Pero la LFTAIPG fue un esfuerzo ciudadano mayúsculo sin necesidad de reformar la Constitución; una tarea de tal naturaleza en ese momento hubiera impedido contar oportunamente con una ley. Si se compara la LFTAIPG con las 64 leyes aprobadas en el mundo, la mexicana se coloca como una de las mejores, como así ha sido reconocido por propios y extraños. Si bien es verdad que Sudáfrica recoge en su texto constitucional una garantía programática del derecho a saber a que se refiere Jesús Cantú, habría que precisar que su ley orgánica, aprobada en el 2000, carece de órgano garante, de sanciones, de mecanismos para evitar la violación de la ley y del principio de máxima publicidad. Es por estas razones que Sudáfrica no podría considerarse como el mejor diseño institucional en la materia, algo de lo que el Reino Unido, por ejemplo, sí podría presumir. Por lo demás, es menester seguir la ruta de la apertura no sólo con reformas legales, sino con la adopción de políticas públicas que permitan cumplir el espíritu de la ley. Para evitar que el gobierno de Fox se apodere de un tema que nunca fue suyo en el imaginario colectivo, gracias a la publicidad con cargo al bolsillo del ciudadano, la doctora Issa Luna Pla se encuentra preparando un detallado y minucioso estudio sobre el proceso de creación de la LFTAIPG, que conoce a fondo al haber sido la secretaria técnica del Grupo Oaxaca.