Lo que nos espera en 2010 en transparencia por Marcos Méndez Lara

El año anterior, que pudo haber terminado decorosamente con la aprobación de una buena ley de transparencia, concluyó sin que el Congreso de Estado lo haya hecho, no obstante las promesas de algunos diputados que incluso anunciaron fechas y hasta la apertura de foros públicos de consulta para confeccionar la mejor propuesta de ley.

Aunque 2009 fue año sólo de buenos deseos, uno espera que este año sí pueda haber acciones concretas, independientemente de lo que contenga la nueva ley que, esperamos, sea aprobada en lo inmediato por el Congreso del Estado. Precisamente en este 2010 hay varios asuntos muy visibles para comentar.

1. Si los diputados revisan con cuidado y objetivamente la experiencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Caipegro), lo pertinente es fincar las bases en la nueva ley para que haya un órgano garante que verdaderamente responda a las necesidades específicas de la realidad guerrerense, por lo que tendrían que ser modificados los procedimientos de selección, el perfil de las o los comisionados, reorientar sus funciones, otorgar un presupuesto suficiente, etc. Esto es particularmente importante porque en el primer trimestre del presente año concluye el periodo de los actuales comisionados y es urgente fortalecer y reactivar a ese organismo.

2. Todos los sujetos obligados tendrán que preparar en el corto plazo, para ser difundidos entre la ciudadanía, información y datos que actualmente cuesta mucho trabajo obtener, por la reticencia o el ocultamiento de los mismos que hacen las dependencias públicas. La información pública de oficio que propone la actual ley (artículos 8 y 9) es muy reducida, y no contiene aspectos significativos para los ciudadanos; se espera, en cambio, que la nueva ley incluya, dentro de esta información pública de oficio, rubros como la remuneración mensual bruta y neta de los servidores públicos, el importe por concepto de viáticos, gastos de representación y alimentación; los planes estatal y municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión; los contratos o convenios celebrados, licitaciones, proveedores, presupuestos, ejecución de las aportaciones federales y estatales, programas sociales estatales y municipales, entre muchos otros.

Este artículo, que se refiere a la información pública de oficio, será clave para hacer una valoración de la nueva ley. La otra cuestión importante será cómo hacer que opere en muy poco tiempo y de manera fluida lo que contendrá este artículo, pues se auguran muchos conflictos si desde este momento no se diseñan mecanismos apropiados para el ordenamiento, preparación y difusión de toda esta información pública obligatoria, pues realmente se requieren capacidades técnicas-administrativas que no siempre tienen o no operan en las dependencias públicas.

3. Otro aspecto estratégico que deberá contener la nueva ley –simplemente porque así lo ordena el sexto constitucional- es la publicación, a través de medios electrónicos, de información completa y actualizada sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos (párrafo V, del artículo sexto de la constitución).

Se trata de una valiosísima herramienta que tendrán a su disposición los ciudadanos para el monitoreo y seguimiento de las acciones de gobierno, tanto en la parte de los recursos públicos (presupuesto, POA, estructura financiera) como en la evaluación y seguimiento de cómo se gastan esos recursos y qué impacto tienen las acciones entre la población (indicadores de gestión).

Habrá sin duda mucha resistencia de los sujetos obligados a publicar información sobre estos dos temas, y las quejas ante la Caipegro se multiplicarán por este motivo.

Sin embargo, es un punto clave que deberá estar suficientemente abordado en la nueva ley, y que los ciudadanos tendremos que hacer valer con firmeza para que efectivamente comencemos a ganarle terreno a la opacidad.