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La tarde del 9 de dicembre de 2009, a puerta cerrada, el Congreso de Jalisco aprobó la primera lectura de la reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Es necesario mencionar que esta reforma, más que fortalecer nuestro endeble sistema de pesos y contrapesos políticos en el Estado, crea lagunas y recovecos legales. Lejos de garantizar el derecho fundamental a la información pública, esta reforma complica su comprensión legal y atenta contra varios de sus principios, tales como el de máxima publicidad y el de gratuidad de la información, principios que deben ser garantizados. Desde 2007, cuando se reformó el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta garantía es una obligación de las legislaciones estatales.
Los diputados, como buenos políticos, tratan de confundir el derecho a la información pública de los jaliscienses, y lejos de aportar garantías a este derecho han incluido en la legislación conceptos difusos y rebuscados; entre éstos podemos mencionarla eliminación o ambigüedad de las resposabilidades de los sujetos obligados, lo que los convierte en conceptos discutibles. Además, otorga facilidades para que los sujetos obligados clasifiquen como reservada prácticamente cualquier información, mientras que anula los efectos jurídicos de la información entregada a la ciudadanía por el ejercicio de este derecho.
Y como cereza del pastel, esta propuesta de reforma despenaliza el incumplimiento de las resoluciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) sin que se establezca ningún otro tipo de sanción ante dicho incumplimiento. Esto nos deja con una ley en la que el ejercicio de la transparencia terminará por volverse un acto de cinismo de los gobernantes.
Yo soy una ciudadana cansada de ver que la transparencia y la rendición de cuentas sea una moda a la que la clase política se empeña en sacarle la vuelta mediante artilugios legislativos. Me molesta que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte del discurso de los candidatos y no la praxis diaria de los que ejercen el poder. Estoy harta de los políticos que creen que el único ejercicio democrático al que los ciudadanos tenemos derecho es el de emitir un voto cada tres o seis años. Me enerva que nuestros gobernantes nos subestimen y nos falten al respeto cuando actúan y cuando deciden en nombre de nosotros y en contra de nosotros como sociedad.
La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la libertad de expresión son derechos de todos los jaliscienses. No pueden ser disminuidos y mucho menos anulados a voluntad de los legisladores. Los derechos fundamentales sobrepasan la visión coartada de la materia legislativa estatal y no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, maleados a la voluntad de unos cuantos, a pesar de que sean esos cuantos los que ostentan el poder. Señores diputados: nuestros derechos no se negocian.
Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas
de la Universidad de Texas en Dallas
