32 hoyos negros por Juan Ciudadano

Nuestro cártel de partidos políticos ya decidió que el 2010, a pesar de la crisis, no será un año de ahorros ni de reducciones importantes en el gasto público. Tampoco se adelgazará el aparato burocrático.

Los impuestos seguirán yendo a un Gobierno federal a todas luces obeso. Pero esta realidad hace que olvidemos algo todavía más grave: la situación de los estados y municipios. Al nivel federal tenemos herramientas -aunque todavía endebles- de fiscalizar el dinero público.

Sin embargo, por cada peso que gasta el Gobierno federal los estados y municipios gastan uno y medio. Son las instancias locales de gobierno las que gastan el 60 por ciento de la recaudación federal participable.

Y no hay semana en la que no surjan nuevos elementos para el contraste entre lo que se ha alcanzado -si bien insuficiente- en materia de transparencia y rendición de cuentas al nivel del Gobierno federal, y el estancamiento, o retroceso, de la mayoría de estados y municipios.

En México tenemos 32 agujeros negros que explican la profusión de historias de corrupción de cada inicio de sexenio o de trienio (sobre todo cuando hay alternancia); deudas que nadie conocía, obra pública fantasma, recursos desviados, compensaciones a funcionarios a escondidas.

La semana pasada conocimos a más detalle datos duros sobre la opacidad y falta de rendición de cuentas de las autoridades locales: (1) municipios que hasta ahora siguen gozando de libertad para decir, ésta es mi lana y sobre ésta no tengo nada que informar; (2) la nueva tendencia de los gobiernos estatales a esquivar las decisiones tomadas por los órganos de transparencia locales, maniobrando jurídicamente para sobreponer a otras instancias de decisión; y (3) el hecho de que los gobernadores no tengan castigo alguno por su manejo irresponsable y desaseado del gasto público.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer una investigación en la que evaluaba a 373 municipios del País, grupo que en suma representa el 80 por ciento del PIB nacional, el 65 por ciento del gasto público municipal y el 65 por ciento de la población.

En una nuez, el resultado de la evaluación fue que de los 373 municipios: 100 no cuentan con una página de internet; 89 sí la tienen, pero no publican su presupuesto; 52 tienen una página que no funciona, y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.

Pero además resulta que el tener la posibilidad teórica de solicitar información no basta, porque tanto autoridades municipales como estatales han ido aprendiendo a arrastrar los pies y evitar de facto la entrega de información cuando no quieren hacerla disponible.

El último truco, promovido sobre desde los gobiernos estatales, consiste en impugnar repetidamente las resoluciones de los órganos garantes de la transparencia para pasar la decisión a otras instancias públicas no especializadas, como por ejemplo los tribunales locales.

El último clavo al ataúd de la rendición de cuentas está en que al descubrirse malos manejos de parte de los gobernadores, resulta que en sólo siete de las 32 entidades federativas del País se contempla expresamente la posibilidad de acusar y castigar a los gobernadores por el manejo indebido de los fondos federales.

Frente a este panorama hay pasos concretos y posibles en el horizonte, decisiones de política pública que ya han sido puestos en la agenda. Entre otras:

1.- Armonizar los presupuestos estatales y municipales, de tal forma que esta homogeneidad genere formatos que faciliten información de anormalidades en el manejo del dinero público.

2.- Hacer a los gobernadores sujetos a sanciones concretas por malos manejos financieros.

3.- Dejar en claro, desde la Suprema Corte, que el IFAI y sus equivalentes locales son las autoridades máximas en materia de transparencia.

4.- Aprobar la propuesta de reelección legislativa.

Es cierto, como se ha dicho, que ésta última reforma no es la solución a todos nuestros males. Pero sí es un aliciente concreto a que los legisladores estén más interesados en dar resultados en su papel de contrapeso de gobernadores y del Presidente, que en obtener de estos un cargo futuro.