¿errores, desaciertos o despropósitos? por Mauricio Merino

Supongo que fue la intervención del auditor superior de la Federación (durante la conmemoración del 185 aniversario de la creación del primer órgano revisor de la cuenta pública de la Cámara de Diputados) lo que llevó al presidente Calderón a tropezar con el supuesto de que los partidos políticos no eran sujetos de control en sus ingresos y gastos y que, por lo tanto, había que modificar las leyes para que sea la Cámara de Diputados la que revise sus cuentas. Un error aterrador, que lo empujó a exigir que se haga lo que ya viene haciendo el IFE desde hace 15 años, por otros medios. Por su parte, el auditor superior también habría cometido un error —agraviado quizá porque los diputados de turno le están escatimando la posibilidad de seguir en el cargo, sin mediar justificación alguna—, al decir que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promulgada en mayo de 2009, es un monumento a la opacidad porque no incluye entre los sujetos fiscalizables por la ASF a los partidos políticos. Dijo también que su labor había sido entorpecida por toda clase de obstáculos interpuestos por los gobiernos, incluyendo el detector de mentiras, las acusaciones mendaces, las amenazas anónimas, las controversias constitucionales, los amparos, las denuncias para desviar resultados y la reducción de los presupuestos. Y añadió, en tono de abierto reproche, que la ASF no podía ser fábrica de indulgencias plenarias, ni instrumento de la lucha partidista, ni podía expedir cheques en blanco a favor de nadie, ni buscar rentabilidad particular mediante el intercambio de complacencias. Algo que sonó como la respuesta airada de Arturo González de Aragón a quienes han pedido su reemplazo sin pasar por ninguna evaluación pública e imparcial. Soy de los que piensa que, en efecto, la ASF ha hecho una labor ejemplar desde 2001, que a mi juicio merecería el aplauso público y la ratificación de su titular, en lugar del encono político y la descalificación que se ha construido para defenestrarlo. Pero creo también que el auditor eligió mal el tiempo, el argumento y el tono para plantear sus querellas. No es a su persona en lo individual —como parece sugerir su discurso— a quien más se ha lastimado con los obstáculos señalados, sino a todos los mexicanos, retardando hasta las calendas griegas la instalación de un verdadero sistema de rendición de cuentas. Y no son las controversias y los amparos los recursos más lamentables que se han empleado en contra de los controles externos, sino ese dejar hacer y dejar pasar de las autoridades responsables de vigilar y de sancionar a quienes han dejado de cumplir sus obligaciones, o han desviado recursos o han cometido faltas que siguen impunes. Basta leer algunas de las auditorías publicadas por la ASF para percatarse de las cadenas de ineficacia, de ineficiencia y de negligencia que han lastimado el funcionamiento de la administración pública, sin que hasta ahora sepamos a ciencia cierta los efectos puntuales de cada una de las observaciones enderezadas por los auditores de nuestros dineros. Pero lo dicho por el Presidente de la República me produce mayor alarma, porque de no haber sido un error —como supongo que fue—, entonces significaría que alguien está acariciando la peregrina idea de sustituir las funciones que realiza la unidad técnica de fiscalización de los partidos políticos que ya existe en el IFE, por una mayor dotación de facultades a la ASF. Cosa totalmente absurda, tomando en cuenta que ésta cumple una tarea de naturaleza distinta y depende de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Pero que no carece de verosimilitud, si se recuerda que el Presidente ya ha pugnado por menguar la autonomía del IFE a través de la Cédula Nacional de Identidad, del mismo modo que se ha vuelto en contra del papel del IFAI, cambiando el Código Penal, oponiéndole a la PGR y llevándolo a juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tras la salida de Arturo González de Aragón y el nombramiento obligadamente negociado entre el PRI y el PAN de otro auditor superior, el presidente Calderón pondrá en juego una nueva agenda de reformas legislativas para salvar la segunda parte de su sexenio. Pero si lo hace —como hasta ahora— negociando o atacando directamente las facultades y la autonomía de los órganos que nos dimos para salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos, el resultado será una regresión indiscutible de los medios que se habían construido para consolidar la democracia precaria de México. De no haber sido un dislate, la idea de devolver la fiscalización de los partidos políticos a la Cámara de Diputados sería, lisa y llanamente, un despropósito inaceptable