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México es más democrático que hace 10 años, pero igual de corrupto. En 1999, un año antes de la alternancia, Transparencia Internacional dio a México una calificación reprobatoria de 3.4 en su Índice de Percepción de la Corrupción. Diez años después, nuestro país es percibido igual de corrupto -obtuvo una vez más una calificación reprobatoria, esta vez de 3.3, una décima menos que en 1999. Peor aún, México cayó en su posición internacional al pasar del lugar 72 que ocupaba en 2008 al lugar 89 en 2009. ¿Qué nos ha pasado?
Vicente Fox llegó a la Presidencia de la República con la promesa de limpiar la corrupción. Con cierto desdén y bravuconería se refería a los priistas como ladrones, víboras y tepocatas. Elevó el tema del combate a la corrupción como una prioridad de su gobierno. Tuvo el acierto de promulgar la Ley Federal de Transparencia en 2002 que ha sembrado una nueva cultura de rendición de cuentas. Estableció mayores controles en el gobierno federal. Muchos creyeron que habría resultados. Pero pronto la retórica le ganó. Amenazó con atrapar peces gordos pero durante su administración fue incapaz siquiera de capturar a alguna de tantas víboras y tepocatas que denunció en campaña.
Los buenos deseos no construyen buenas políticas y Fox por comisión u omisión permitió tres hechos que boicotearon su propósito de combatir la corrupción. Primero, decidió abrir la válvula de Pemex para extraer petróleo al límite de su capacidad y expandir con los mayores recursos el gasto federal y detonar el mayor crecimiento del gobierno en las últimas décadas. Siempre que hay más dinero en una mesa, habrá más jugadores que quieran tomarlo por vías legales, clientelares e ilegales (corrupción). En los primeros años del gobierno de Fox, la producción de petróleo aumentó en casi 400 mil barriles al día y el gasto público pasó de 1.2 billones de pesos a casi 2.5 billones entre 2000 y 2007 (un crecimiento real de 43 por ciento, cuarenta y tres por ciento).
Segundo, crecieron las transferencias de dinero a los gobiernos de los estados, sin obligarlos a rendir cuentas puntuales. Esa omisión permitió el proceso de feudalización del gasto público que se agudiza día a día. Los controles sobre el gasto público son escasos a nivel local por diversas razones: el control político que muchos gobernadores ejercen sobre los congresos locales -quienes son los encargados de vigilar los dineros públicos; la cooptación de medios de comunicación; y el silencio de empresarios locales que prefieren quedarse callados que denunciar irregularidades y ser excluidos de los contratos del gobierno.
Tercero, Fox contribuyó a perpetuar la corrupción por su omisión para combatir el pacto rentista que surgió durante los gobiernos del PRI: la alianza y complicidad del gobierno con sindicatos y con grandes corporativos cuasi monopólicos en donde todos ganan rentas extraordinarias. Los líderes sindicales mediante las cuotas de sus agremiados, las subvenciones del gobierno, la exclusión de posibles competidores y contratos de trabajo muy favorables. Algunos grandes corporativos mediante altos precios y tarifas que imponen a los consumidores que son posibles por la falta de una regulación antimonopólica que combata la concentración en diversos mercados. Por su parte, el gobierno gana apoyos implícitos (no conflicto) y explícitos (inversiones, apoyo político, dinero para campañas). Pierde la democracia, los ciudadanos y los consumidores porque se perpetúa el mismo arreglo que ha dado lugar a la corrupción política desde fines de la Revolución: el clientelismo y el rentismo entre elites empresariales, sindicales y políticas.
Felipe Calderón ha sido complaciente, igual que Fox, con la opacidad del gasto público estatal. Su propio partido, el PAN, denunció en voz de varios senadores que el presupuesto para 2010 avalado por el gobierno era un retroceso en materia de rendición de cuentas en los estados. El gobierno también ha sido tolerante con el clientelismo sindical, a pesar de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro: si esa liquidación se enmarcara en una política global de transparencia y freno del abuso sindical, como lo ha propuesto el senador Santiago Creel, sería un paso muy trascendente. Pero las señales son en sentido inverso: hay otros sindicatos (maestros, petroleros, salud, seguridad social) que siguen disfrutando rentas exorbitantes a pesar de que sus sectores están en crisis financiera o de calidad de los servicios que ofrecen.
El pacto rentista posrevolucionario es la mayor fuente de la corrupción política de México y sigue más vigoroso incluso que bajo los gobiernos del PRI. El presidente Calderón pudo haberlo enfrentado, pero parece haber tirado la toalla y ser rehén de intereses que lo avasallan una y otra vez. Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos sólo perpetúan y en algunos casos amplían el pacto rentista. Por eso en algunos años México seguirá siendo tan corrupto como hoy (y como ayer) y muchos reclamarán entonces al PAN no haber sido congruente con su ideario y haber avalado, en los hechos, la corrupción que tanto combatió cuando fue partido de oposición en el siglo XX.
Por eso México es un caso que contradice la teoría de que a mayor democracia, menor corrupción.
