Al diablo con las instituciones por Mauricio Merino

Hubo una época en que las principales decisiones del país eran completamente predecibles, en función de la posición del presidente en turno. Saber que las cosas se arreglaban tras las negociaciones entabladas con el líder sexenal era uno de los rasgos distintivos del régimen autoritario. De ahí que nada importara tanto como buscar la ruta hacia Los Pinos. Un método muy conveniente para los más poderosos del país, que no sólo perduró por varias décadas sino que produjo prácticas políticas que aún están vigentes.

Creímos que el cambio de régimen las modificaría, con el mismo desacierto con el que confundimos pluralidad con democracia y acabamos aceptando la falacia utilitarista según la cual la suma de parcialidades equivaldría a la imparcialidad. Nos equivocamos de cabo a rabo, creyendo que en lugar de arreglos y negocios entre dirigentes cada vez más poderosos y voraces, habría pesos y contrapesos entre partidos diferentes; y suponiendo (sin solución alguna de continuidad) que tras ese nuevo equilibrio vendrían los ciudadanos, la participación social, la dignificación de la política y la apertura del espacio público. No fue así y hoy el régimen ha vuelto a ser tanto o más predecible que antes, pero ya no en función del arbitraje de Los Pinos sino de las negociaciones aritméticas entre partidos.

Esta afirmación vale para todas y cada una de las decisiones que han de tomarse en las cámaras legislativas —la parcela de los líderes de los partidos— o mediante el equilibrio entre poderes. Y es especialmente cierta para el caso de los nombramientos que deben aceptar o hacer los senadores y los diputados.

Si la idea original era salvaguardar del poder presidencial (ese poder autoritario) los nombramientos de quienes habrían de dirigir los órganos autónomos de Estado, de procurar justicia y de encabezar el Poder Judicial y los organismos técnicos de acceso a la información y de fiscalización de los dineros públicos, en la práctica esa salvaguarda se convirtió en licencia franca para nombrar a los amigos, con muy malas artes de negociación política. Se dijo, eso sí, que el propósito de designar todos esos cargos a través de los representantes populares era ofrecer seguridades a los ciudadanos de que sus derechos estarían garantizados. Que nunca más sería el interés político de los grupos de poder lo que determinaría los nombres de tan altos funcionarios.

Y es que todos esos cargos, siendo tan distintos, tienen en común la obligación de garantizar los derechos sustantivos de los mexicanos. Se supone que son las instituciones que nos hemos dado (nos hemos dado: un plural democrático que está en desuso), para cuidar nuestros derechos políticos electorales a través del IFE; para vigilar y garantizar nuestros derechos humanos, a través de la CNDH; para cuidar nuestro derecho a saber lo que hace el gobierno, a través del IFAI; para tener datos exactos sobre el buen uso de nuestro dinero público, a través de la Auditoría Superior de la Federación (la siguiente víctima en lista).

Todas esas instituciones nacieron para completar la tarea de garantizar los derechos de los mexicanos, que también están a cargo de la PGR y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por eso se decidió que el nombramiento de quienes las encabezarían debía pasar por el tamiz de los representantes populares, quienes estarían moralmente obligados a cuidar el interés del pueblo. Con esas instituciones se supone que nos defendemos como sociedad, que ejercemos nuestra soberanía y que dignificamos el espacio público en el que convivimos. No son instituciones destinadas a cuidar los intereses de los partidos, ni mucho menos de los dirigentes políticos de turno que tienen el poder de nombramiento, sino de los mexicanos en conjunto.

Pero todo eso es la teoría pues, en la realidad, pasamos del autoritarismo de los nombramientos fraguados en Los Pinos al cinismo de las designaciones cuajadas ya por conveniencia, ya por cercanía personal con los dueños de las cámaras. Sistemática y reiteradamente, esas instituciones destinadas a velar por los derechos sustantivos de los mexicanos se han sometido a esas prácticas políticas, ajenas por completo a la autonomía ganada por algunas de ellas (como el IFE o la CNDH), o a los propósitos imparciales que persiguen (como el IFAI o la ASF). Los políticos de turno ganan nuevos puestos y mayores presupuestos. Pero la confianza se hace trizas y los mexicanos vemos cómo se van rindiendo, poco a poco, las instituciones destinadas a proteger nuestros derechos sustantivos. Es un error gravísimo y lo menos que puede pedirse es cobrar conciencia de estos hechos, antes que mandar al diablo las instituciones.

Profesor investigador del CIDE