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Consultas, ponencias y editorial de trabajo
Hace unos 40 años o poco más, Javier Blanco Sánchez -célebre diputado panista de los tiempos heroicos- dijo una frase lapidaria: "Los senadores son buenos varones, el Senado es una bestia" (cito de memoria y es posible que la revista La Nación haya registrado esas palabras). Quiso de ese modo atenuar la responsabilidad de los individuos respecto de lo que la institución senatorial, entonces bajo el dominio presidencial, hacía o era obligada a hacer.
He recordado la frase a propósito de dos hechos: la aprobación del Senado a la Ley de Ingresos y otros ordenamientos y la designación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un caso convalidó el alza de impuestos y, después de una pasajera muestra de reciedumbre política, también aprobó las exenciones a los nuevos concesionarios de telecomunicaciones. En el otro caso, privilegió el continuismo al elegir al cuestionado Raúl Plascencia por encima de los prestigiados Emilio Álvarez-Icaza Longoria y Luis Raúl González Pérez.
Hace un par de semanas se anticipó en este espacio que difícilmente los senadores harían cambios sustantivos a lo ya aprobado por la Cámara de Diputados, pero no por ello resulta menos deplorable la conducta de la mayoría de los legisladores de Xicoténcatl, a quienes hay que cargarles también su convalidación de los polémicos nombramientos presidenciales del procurador general de la República y de dos comisionadas del IFAI. En el ámbito de los nombramientos, el diseño actual se ha agotado y es preciso pensar en otras formas que garanticen la idoneidad de las personas designadas y no erosionen a las instituciones. José Antonio Crespo ha propuesto la constitución de consejos ad hoc, integrados por especialistas en cada tema, que propongan a los candidatos (Excélsior, 21/09/09).
La conducta de la bestia a que se refería Blanco Sánchez -donde hoy existe una minoría de mujeres y hombres valiosos- es deplorable no sólo porque representa una actitud diametralmente opuesta a la que el Senado adoptó en 2007 al diseñar la reforma constitucional y legal en materia electoral, sino también porque el Congreso es el espacio natural para una tarea de gran calado que cada vez parece más necesaria y que fue fraseada recientemente por el rector de la UNAM, José Narro Robles, como un llamado a refundar la república, una refundación necesaria ante el cúmulo de males y disfuncionalidades que aquejan hoy a México en los terrenos económico, político y social, sin que el gobierno, débil y titubeante, halle la brújula para fijar un norte sensato que insufle esperanza en el alicaído ánimo nacional.
La refundación de la república pasa -se identifica con ella- por la reforma del Estado, una sana obsesión de Porfirio Muñoz Ledo, quien recientemente presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar su Ley Orgánica y constituir una Comisión de Reforma del Poder Público y Derechos Fundamentales, que "dictaminaría el conjunto de proyectos e iniciativas que se han venido acumulando" y que se vinculan con la revisión integral del andamiaje institucional del Estado. Llámese de un modo o de otro, la realización de profundas reformas estructurales es hoy una urgencia nacional que debe ser atendida con visión de Estado. Ahora que se recuerda el caso de Berlín, los muros de la división y la mezquindad deben ser derribados.
Aun sin militar entre los "centenaristas" que prevén en 2010 la fatal repetición de estallidos sociales como los de hace cien y doscientos años, a nadie pueden ocultarse las condiciones de desigualdad, de hambre -recuérdense los más de 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria-, de inconformidad y aun de rabia que podrían generar explosiones de violencia social, de las cuales todos resultaríamos perdidosos. Pero al margen de augurios "centenaristas", lo cierto es que el modelo de país está agotado o agotándose y su renovación demanda acciones comunes y articuladas, sin bestias y sin muros.
Omnia La Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir (ponente Margarita Luna Ramos) una importante sentencia que constituye un freno a las arbitrariedades que frecuentemente cometen las legislaturas estatales. Le concedió amparo a Germán López Brun, a quien el Congreso de Puebla primero lo ratificó en su cargo de magistrado electoral y después lo "desconfirmó", en un proceso tortuoso e ilegal (emeequis, 04/05/09). Habrá que ver cómo cumple el Congreso poblano la sentencia de la Corte.
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