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Hay que celebrar que tres gobernadores de las principales fuerzas políticas del país hayan elaborado un diagnóstico y una propuesta para elevar a rango constitucional obligaciones básicas e iguales de transparencia y acceso a la información pública para ser cumplidas por todos los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal. El propósito de José Reyes Baeza, de Chihuahua; Amalia García, de Zacatecas, y Armando Reynoso, de Aguascalientes, es extender y homogeneizar el ejercicio del derecho a la información, y esta es una muy buena noticia.
En México, por regla general, las reformas democratizadoras han arrancado en el plano federal para, una vez convertidas en exigencias nacionales, ir descendiendo al ámbito local. Así sucedió con las reformas electorales, pues aunque los movimientos a favor de la competencia política y la pluralidad comenzaron en el plano municipal y local, fue en el federal en donde se diseñaron las normas con contenidos democráticos más avanzados, que posteriormente habrían de retomarse en las distintas entidades federativas. Sin embargo, esta dinámica del centro hacia la periferia nunca ha seguido un guión homogéneo, pues mientras en algunos casos se han registrado avances importantes, en otros han llegado a aprobarse incluso reformas regresivas, dependiendo de la correlación de fuerzas existente, o de cálculos políticos específicos como el de reforzar la legitimidad del gobierno en turno.
Esta mecánica diferenciada se recreó en el caso de las reformas relativas a la transparencia y rendición de cuentas. La defensa del derecho ciudadano a saber y conocer cómo se toman las decisiones públicas que se tradujo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se ha ido recogiendo de manera accidentada, hasta hoy en 28 leyes locales. Así, mientras que en algunos casos siguen evidenciándose las resistencias del poder a ventilar sus decisiones y los recursos que utiliza, en otros se aprecian pasos adelante en materia de sujetos obligados o de procedimientos más ágiles para publicitar la información.
Para evitar saltos o lagunas en las normas sobre transparencia, en días pasados, en el marco del Segundo Congreso Nacional por la Transparencia, se dio a conocer la mencionada iniciativa para reformar el artículo sexto constitucional y convertir el derecho a la información en una disposición que obligue a todas las entidades federativas a cubrir ciertos requisitos esenciales de manera uniforme y para que la transparencia obligue a los organismos de Estado y a quienes trabajan con fondos públicos como los partidos políticos.
La propuesta considera 10 grandes ejes rectores que podemos resumir en los siguientes: 1) la obligación de proporcionar información pública de los órganos del Estado y los partidos políticos; 2) de difundirla a través de procedimientos expeditos, incluyendo la vía electrónica; 3) la prueba de daño y de interés público como razones únicas para reservar información; 4) protección de la vida privada; 5) un procedimiento de revisión de decisiones desfavorables ante un organismo especializado, e imparcial, con autonomía operativa, presupuestal y de decisión, semejante al IFAI; 6) sanciones administrativas para servidores públicos que no cumplan con proporcionar la información solicitada;y 7) archivos administrativos actualizados y confiables.
Los gobernadores de Veracruz, Coahuila, Baja California y el jefe de Gobierno del DF se han sumado ya a esta propuesta, lo cual habla del consenso social que existe alrededor del valor de la transparencia y que los gobernadores se han convertido en un actor político de relevancia nacional. Dado que los gobernadores no están facultados para presentar iniciativas legales o constitucionales en el Congreso federal, habrán de someter la propuesta a sus respectivas legislaturas para que de ahí pase al H. Congreso de la Unión.
Es muy reciente la construcción de gobiernos democráticos en el país, pero muy rápidamente se ha ido asentando una percepción positiva de los beneficios que conlleva garantizar el acceso a la información pública. Es necesario que las dependencias públicas y las de interés público difundan por medios al alcance del grueso de la población las tareas y decisiones que adoptan para ir creando una cultura de la transparencia y el escrutinio público. La transparencia también contribuye a formar ciudadanos plenos.
Profesora de la FCPyS de la UNAM
