Por una transparencia de Estado por Salvador Guerrero Chiprés

Con la emergencia socioeconómica actual golpeando dentro de casa, las condiciones para el viraje democrático y el fortalecimiento institucional son más visibles que en las últimas dos décadas. Lo institucional adquiere prioridad. Su carácter fundamental es el de ser mediación cercana, creíble y eficaz entre gobernantes y gobernados.

Una nueva correlación de fuerzas y una reconocible disposición del Ejecutivo para asumir las oportunidades replantean las prioridades y programas a que debiéramos dedicarnos.

Entre las variables disponibles para la recuperación democrática propongo como central aquella en que deberían converger todas las políticas públicas del país, la transparencia de Estado. Una política pública integradora de los valores del derecho de acceso a la información; de la obligatoriedad del Estado de reconocer como permanentes los procesos de empoderamiento del individuo, pero que no puede comportarse ingenuamente ante la evidencia de que existen enemigos del Estado y de las instituciones en particular.

Una transparencia de Estado debe velar efectivamente por su integridad y, en una tensión conceptual permanente, entre los principios de la máxima publicidad y los de la seguridad nacional. No puede permitirse al crimen organizado instrumentar, en contra del resto de los ciudadanos, información para desatar violencia física y mortal en contra de quienes defienden los valores compartidos por todos los actores políticos.

La transparencia de Estado permite ampliar la capacidad de supervisión del gasto público, de la lógica de la toma de decisiones, del acceso a los documentos públicos en que se fundamentan; se preocupa por una constructiva movilización pública, estimula la calidad del servicio público, contiene los apetitos de pretextar insuficiencias gubernamentales para introducir compañías privadas que evaden la fiscalización y la transparencia, y evita confundir a la rendición de cuentas con un discurso legitimador de un grupo en el gobierno. Implica el despliegue de un conjunto de políticas dirigidas, por un lado, a resguardar los intereses superiores tutelados por el orden jurídico y, por otro, a los ocupantes del imaginario predominante en las expectativas de una población marginalizada.

Debe contribuir a un nuevo pacto social en que los vectores no sean sólo la vigilancia de indicadores de gestión y de la supervisión de las decisiones. Ello equivaldría a reducir su significación a vigilar la percepción dedicada a los gobernantes. Debe reconocer que los intereses generales deben subordinar a los particulares de grupos hegemónicos, sin desconocer que ellos intervienen en las decisiones y elecciones que hacen los ciudadanos como consumidores, electores u ofertantes.

Todo ello implica contribuciones específicas al proceso de planeación de la actividad de los actores sociales y políticos. Supone el establecimiento de guías y capacidad de monitoreo tanto para el gobierno como para los gobernados mediante el fortalecimiento y la pluralidad de los órganos garantes de la transparencia. Enfatiza la imparcialidad de sistemas de medición y evaluación de las políticas públicas, así como de los recursos de inconformidad ante las respuestas de las entidades gubernamentales.

Sin embargo, sería miope suponer que la medición de un proceso nos aporta elementos esenciales para identificar su naturaleza potencial en la recomposición del Estado. Evidentemente se busca que las labores de control derivadas de la supervisión pública contribuyan al mejor funcionamiento y a la legitimidad del sistema. Recordemos con Duverger que la legitimidad, al mismo tiempo, está constituida en los procesos electorales y en la cotidianeidad institucional dinámica que considera siempre al ciudadano.

Transparencia de Estado, entendida como una dinámica relación transversal, registrable en toda política pública y dinamizada por una pluralidad inevitable en la toma de decisiones, podría contribuir enormemente a la profundización del viraje democrático. Estamos en condiciones de impulsar la rendición de cuentas como instrumento de desarrollo. Para el nuevo curso que requiere el país, la corrupción y la opacidad, tanto como el fundamentalismo de facciones políticas y de actores fácticos, son temibles enemigos.

Una transparencia de Estado supone garantizar el acceso a la información, hacerlo con institucionalidad y cautela respecto del uso que de ese derecho hacen actores que buscan vulnerar al Estado y la seguridad de la población.

Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (InfoDF)