Isabel Sepúlveda / Cuentas claras por Isabel Sepúlveda

Faltan poco más de tres meses para que las actuales Administraciones municipales finalicen. Por eso, es necesario saber qué se ha hecho para erradicar el tristemente famoso "Año de Hidalgo", cuando los funcionarios se dedicaran a saquear las finanzas. Para no dejar evidencias, desaparecían documentos y borraban información. El Gobierno entrante no hacía mucho escándalo porque tenía la intención de hacer lo mismo tres años después.

La alternancia partidista y la creación de organismos de vigilancia han ayudado a evitar, que no a erradicar, esta vergonzosa práctica. Ahora están obligados por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal a realizar el proceso de entrega-recepción conforme las normas y tiempos que cada Alcaldía, por su autonomía, haya determinado.

Pueden crear un equipo de enlace, con un mínimo de 45 días antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno que, a su vez, tendrá un máximo de 45 días para verificar que lo entregado sea lo que hay en papel.

Aun cuando existe más control, la rendición de cuentas que la Administración saliente da a la entrante, incluidos los reportes de la situación de todas las obras y proyectos públicos, tiene muchos huecos por donde se pueden perder, por negligencia o de forma intencional, dineros, documentos, e incluso evidencias de decisiones gubernamentales. De ahí la importancia de que la rendición de cuentas sea cuidadosa y transparente.

Al conocer la situación municipal, el nuevo Alcalde puede incidir en la Ley de Ingresos que aplicará en el primer año de su Gobierno, misma que es propuesta y aprobada por el Ayuntamiento saliente, quien la envía al Congreso local para que sea aprobada antes del 31 de diciembre.

Con la alternancia de partidos políticos en el Gobierno, estos procesos son ya casi normales en todo el País. Cada Ayuntamiento está obligado a tener una Unidad de Transparencia e Información (UTI), subordinada a la Secretaría General del Ayuntamiento o a la sindicatura de éste, para garantizar el derecho a la información.

Hace casi un mes, los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como la Coordinación de Políticas Públicas, entregaron al Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) un documento con propuestas y recomendaciones para garantizar que la rendición de cuentas en los procesos de entrega-recepción sea transparente.

Sin embargo, ahora el equipo del Alcalde electo de Zapopan considera que la Administración de Sánchez Aldana le está dificultando la obtención de información. Para agilizar la entrega, la solicitaron vía Ley de Transparencia y se les demanda un pago de 400 mil pesos por la cantidad de copias requeridas. En el presupuesto actual hay una partida para la entrega-recepción, pero eso implica ajustarse a los enlaces asignados por la Alcaldía y, obviamente, a sus tiempos.

El ITEI aprobó criterios para este proceso de entrega-recepción, pero se reducen a la pura formalidad. Al sólo exigir la entrega de documentos, sin promover que sea abierto al escrutinio público, lo convierten en un trámite administrativo. Así se fomenta la nueva modalidad del "Año de Hidalgo" porque, en la práctica, en los procesos "normales" de entrega-recepción se hacen negociaciones sobre asuntos públicos que, al hacerlos en secreto, además de excluir a los gobernados, se prestan para taparse unos a otros.

El ITEI también propuso a las UTIs reportar la entrega-recepción de estas unidades a la Auditoría Superior del Estado, cuando esto es una responsabilidad del Ayuntamiento, que se encuentra obligado a reportar el estado de la Administración municipal como un todo, no con la UTI aparte. Esto demuestra que el consejo del ITEI no entiende que la UTI es parte del Ayuntamiento, no una entidad autónoma.

Los criterios de forma, sin fondo, propuestos por el ITEI, dan la alerta para cuidar que no haya procesos de entrega-recepción tan cerrados y minimalistas, que se prestan a contubernios entre quienes salen y entran. Y eso en caso de llegar a acuerdos entre ellos, porque también sucede que se acusan mutuamente de ocultar información, de no haberla entregado o de negar que la hayan recibido.